Las personas LGTBI con discapacidad sufren más la discriminación de compañeros y profesores en las aulas, pero también en sanidad y trabajo

Las personas LGTBI con discapacidad sufren más discriminación tanto a nivel educativo y sanitario como laboral. Así lo revela el estudio La situación de las personas LGTBI+ con discapacidad, elaborado por el Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que indica que el 78% de las personas encuestadas ha experimentado algún tipo de discriminación en el ámbito educativo, especialmente por parte de los compañeros y compañeras, pero también de parte del profesorado.

A través de 50 entrevistas en profundidad a personas LGTBI+ con discapacidad y 420 encuestas, el estudio presentado este lunes también señala que el 46% de las personas se ha sentido discriminada en algún momento en el acceso a la atención sanitaria, desde la atención primaria a la hospitalaria. Además, el 39% de las personas encuestadas afirmó sentirse rechazada, discriminada o acosada durante la búsqueda de empleo y el 41% denuncia este rechazo y acoso ya en su puesto de trabajo, según informa Igualdad en un comunicado.

Por otro lado, la mitad de las personas consultadas también ha vivido situaciones de discriminación en el deporte, formación y actividades políticas, con una alta incidencia en actividades de ocio, del 68%. El estudio también indica que los hombres LGTBI+ con discapacidad sufren menor discriminación en comparación con las mujeres y las personas no binarias del colectivo.

Empleos que no coinciden con su formación ni experiencia

Asimismo, las personas LGTBI+ con discapacidad denuncian en el estudio una “sobreprotección familiar”, con la consecuente pérdida de autonomía y control sobre sus decisiones personales. Además, afirman que, con frecuencia, tienen empleos o acceden a puestos laborales que no coinciden ni con sus expectativas ni con su formación ni experiencia, lo que puede influir en un proceso de empobrecimiento.

En general, las personas encuestadas acusan como consecuencia de la discriminación que sufren problemas de salud mental, generando secuelas psicológicas, sentimiento de pérdida de autonomía o dificultades en las relaciones sociales.

“Ampliar derechos”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que la finalidad del estudio es “avanzar en democracia y en comunidad, dar visibilidad a lo que hasta ahora tenía una visibilidad discriminada”. “Merece la pena tener conocimiento de la realidad desde una metodología científica que nos permite cuantificar y ponernos en la posición del otro”, ha indicado en la clausura del acto, donde también ha destacado que el objetivo del Gobierno “seguir ampliando los derechos y libertades de las personas, con independencia de su orientación sexual, discapacidad o sus circunstancias”.