Un empleado se niega a ir en avión por su compromiso ecológico, tarda 72 días en llegar a su destino y lo despiden: logra indemnización pero no readmisión

Negarse a viajar en avión, sí puede ser motivo de despido. Al menos, esto es lo que le ha ocurrido a Gianluca Grimalda, un investigador de psicología social. A sus 53 años, hacer tiempo que tiene claras sus convicciones ecológicas. Pero esto, ahora, le ha generado un grave problema en su empresa. Y es que se negó a regresar en avión de una misión que había llevado a cabo en Papúa Nueva Guinea, ya que prefería viajar por tierra y mar, aunque esto le obligara a emplear 72 días y, sobre todo, aunque le supusiera perder su puesto en el Instituto para la Economía Mundial (IfW) de Kiel (Alemania).

Tras una ardua batalla legal, el caso terminó con un acuerdo. El pasado 10 de enero de 2025, el tribunal laboral regional de Kiel validó el principio de un compromiso de acuerdo entre Grimalda y su empresa, tal y como publica el periódico de ecologismo francés Reporterre. Sin embargo, el hombre quería que su antiguo empleador lo readmitiera, pero esto no fue posible. Aunque lo cierto es que la situación ha servido para abrir un debate sobre el derecho de los trabajadores a defender sus creencias en el marco de sus obligaciones laborales.

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Por su parte, Grimalda se ha visto obligado a buscar un nuevo trabajo. A pesar de que su idea era conseguir un puesto académico, ha decidido regresar a Papúa Nueva Guinea como investigador independiente. Este viaje lo financiará con el dinero que ha conseguido recaudar y, por supuesto, no lo hará en avión, sino que utilizará el mismo medio de transporte que le permitió volver a Alemania.

Un viaje a Papúa Nueva Guinea que acaba en despido

Gianluca Grimalda, investigador y miembro del colectivo Científicos en Rebelión, viajó a Papúa Nueva Guinea en 2023 para estudiar los efectos sociales del cambio climático. Durante siete meses, trabajó en la isla de Bougainville, donde recorrió una treintena de aldeas afectadas por la subida del nivel del mar y la erosión costera. Su investigación, marcada por momentos de riesgo, incluyó un breve secuestro a manos de un grupo armado, una erupción volcánica y obstáculos administrativos que retrasaron su progreso. Estas circunstancias lo obligaron a extender su estancia, aplazando su regreso a Alemania, que planeaba realizar sin recurrir a vuelos.

El Instituto de Economía Mundial de Kiel, que inicialmente respaldó su proyecto, exigió su regreso inmediato en avión. Sin embargo, Grimalda se negó, argumentando que había prometido a las comunidades locales evitar este medio de transporte como parte de su compromiso ambiental. La negativa del investigador llevó al instituto a despedirlo por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, alegando una falta grave y sin ofrecerle indemnización.

Más de 28.000 kilómetros en barco, autobús, tren y coche

Tras su despido, el investigador emprendió un viaje de 72 días para recorrer 28.000 kilómetros, utilizando únicamente medios de transporte alternativos como barco, autobús, tren y coche. Según sus cálculos, este trayecto lento redujo en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con un viaje en avión, evitando casi 5 toneladas de CO₂, equivalentes a la huella de carbono anual de una persona promedio.

El caso atrajo una amplia atención mediática, al ser el primero conocido de un trabajador despedido por negarse a volar como medida contra el cambio climático. Para Wolfgang Cramer, investigador del CNRS, este episodio marca un precedente: “Es urgente replantear las prácticas de investigación para que no contradigan la emergencia ecológica”. Por su parte, Grimalda reflexionó sobre su decisión: “Algunos dijeron que era una locura sacrificar mi empleo por un vuelo. Pero, ¿no es aún más loco seguir actuando como si nada estuviera pasando?”.

El investigador llevó su caso a los tribunales

A su regreso a Alemania, Grimalda llevó su despido ante los tribunales. En un primer fallo, el tribunal dictaminó que el investigador no había cumplido con su obligación de informar adecuadamente a su empleador sobre los retrasos y dificultades encontrados durante su misión. Sin embargo, una apelación permitió revisar el caso.

El tribunal reconoció una incompatibilidad ideológica entre Grimalda y su empleador, lo que facilitó un acuerdo de conciliación que incluyó una indemnización. Aunque el monto exacto permanece bajo confidencialidad, el investigador anunció que donará 75.000 euros de esa suma a organizaciones ecologistas.

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Por Equipo Infobae España

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Grimalda expresó sentimientos encontrados sobre el desenlace: “Siento una mezcla de alegría y tristeza. Tristeza por haber perdido un trabajo que amaba, pero satisfacción por contribuir al debate sobre el derecho de los trabajadores a mantenerse fieles a sus principios ambientales”.