La cuesta de enero de Pedro Sánchez en los tribunales: del software de Begoña Gómez a la declaración de su hermano

El 2025, por el momento, no dará un respiro a Pedro Sánchez en lo que respecta a los casos judiciales que afectan a miembros de su Gobierno y de su entorno familiar. El avance de estas causas continuará el primer mes del año en una particular cuesta de enero en la que el presidente del Gobierno estará particularmente atento a la agenda judicial.

La instrucción del caso contra su esposa, Begoña Gómez, avanzará con nuevas indagaciones sobre posibles irregularidades en la cátedra extraordinaria y el software del que presuntamente se apropió la investigada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El juez Juan Carlos Peinado, tras declarar Gómez que no hubo irregularidades y que siguió instrucciones de la Complutense, quiere preguntar a las empresas que desarrollaron el software de forma altruista para el máster que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Con ese fin, el magistrado citó como testigos a representantes de Google, Indra y Telefónica. La comparecencia tendrá lugar el próximo 22 de enero. Ese mismo día están citados empleados de Arsys Internet y Fundación Manpower y, por segunda vez, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, que ya declararon anteriormente.

La estrategia de defensa de Gómez ha dado un giro de 180 grados. El pasado 18 de diciembre, después de dos comparecencias ante el juez, decidió declarar por primera vez, aunque sólo ha preguntas de su abogado. Además, Gómez ha solicitado sus primeras diligencias al magistrado, entre ellas la aportación de correos y la petición de declaraciones sobre el software de la Complutense.

Antes de que se retome el caso Begoña Gómez, Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a la primera imagen de su hermano David ante la jueza de Badajoz que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. David Azagra, como se le conoce en el mundo artístico, está citado a declarar el próximo 9 de enero junto al presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Ambos fueron llamados a declarar en calidad de investigados en un auto en el que, eso sí, la jueza subrayó que “no se ha encontrado evidencia de que el investigado (David Sánchez) posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros”, como sostenía el sindicato Manos Limpias en la denuncia que dio origen a la causa. La magistrada instructora ha programado una ronda de declaraciones en la que también interrogará a responsables y exdirectores o exjefes de Gestión Administrativa, Recursos Humanos y del Área de Cultura.

Investigación al fiscal general

Además de las causas que cercan a su entorno familiar, Sánchez seguirá de cerca el calendario de la instrucción en el Tribunal Supremo que se dirige contra “su” -como le denominó él mismo- fiscal general del Estado, el primero imputado en toda la democracia. Después de que la UCO no hallase mensajes en el dispositivo móvil intervenido a Álvaro García Ortiz, el magistrado Ángel Hurtado ha solicitado a los investigadores que sigan indagando en el dispositivo en busca de rastros sobre su posible participación en los correos secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El instructor fechó el próximo 8 de enero la declaración como testigo del su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a quien el fiscal general señala como el posible filtrador de uno de los correos a los medios de comunicación. También comparecerán los días 8 y 9 varios periodistas que tuvieron acceso a esos emails.

Sánchez recalcó la confianza “total” del Ejecutivo en “su” fiscal general después de que la UCO no encontrara mensajes en su teléfono móvil.