
La Policía Cantonal de Valais, con la colaboración la Oficina Cantonal de Arqueología, ha detenido a un hombre de 51 años que fue pillado cometiendo un delito de búsqueda ilegal de objetos arqueológicos utilizando un detector de metales sin autorización. Esta actividad constituye una grave violación de la ley federal sobre transferencia de bienes culturales (LTBC), así como de las bases jurídicas cantonales sobre la protección de la naturaleza, el paisaje y los sitios (LcPN y OcPN), explican desde este cuerpo.
Las investigaciones realizadas permitieron descubrir y confiscar una impresionante cantidad de artefactos arqueológicos, de valor incalculable, testigos de la historia de Valais. Entre estos objetos han encontrado adornos, así como diversas herramientas que datan desde la Edad del Bronce (alrededor del 2000 a. C.) hasta la actualidad, varios elementos celtas, romanos, medievales, modernos y contemporáneos, así como otros elementos que, por su importancia histórica valor, pertenecen al patrimonio común y no a intereses privados.
La investigación ha llevado también al arresto de un segundo individuo que incurrió en las mismas prácticas, un suizo de 49 años.
Esta incautación, única en Suiza, ilustra hasta qué punto estas actividades ponen en peligro la conservación del patrimonio arqueológico. “Estas acciones no autorizadas dañan irreparablemente el contexto en el que se descubren estos objetos, privando así a investigadores y ciudadanos de información valiosa sobre la historia y la cultura de su región”, recuerda el Ministerio Fiscal, que ha abierto una investigación y recuerda que es aplicable la presunción de inocencia, hasta que se dicte sentencia condenatoria firme.
La prohibición del uso de detector de metales
La Policía Cantonal de Valais relata que “el uso de detectores de metales con el fin de buscar objetos históricos o arqueológicos, incluso de épocas modernas y contemporáneas, está estrictamente prohibido sin autorización previa de la Oficina Cantonal de Arqueología en todo el territorio cantonal. La importación de bienes culturales procedentes de otros países también se rige por el deber de notificación. Los infractores se enfrentan a penas severas, que van desde fuertes multas hasta penas de prisión”.
“Llamamos a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a respetar las normas que protegen nuestro patrimonio común. Si se encuentra un objeto antiguo o arqueológico, es imperativo denunciarlo a las autoridades competentes y no sacarlo del sitio donde fue descubierto”, añaden.
Cierran el comunicado explicando que “la preservación del patrimonio arqueológico es una responsabilidad colectiva. Cada descubrimiento debe tratarse con cuidado para garantizar que contribuya a enriquecer nuestra comprensión de la historia y sea compartido con todos”.
En el caso de España, el uso de detectores de metales no está prohibido, pero su utilización está sujeta a regulaciones dependiendo del lugar y del propósito. En líneas generales, se requiere un permiso administrativo para buscar objetos enterrados en lugares con interés arqueológico o histórico, lo que implica cumplir con las normativas locales y estatales. Por ejemplo, la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) prohíbe cualquier intervención que pueda afectar al patrimonio arqueológico sin la debida autorización.
Cada comunidad autónoma gestiona los permisos necesarios para la utilización de detectores de metales. Generalmente, los interesados deben presentar una solicitud indicando el lugar y el propósito del uso y está estrictamente prohibido emplear detectores en zonas arqueológicas protegidas, como yacimientos, sin autorización expresa. Estas restricciones buscan evitar expolios o daños al patrimonio cultural.
En terrenos privados, es obligatorio contar con el consentimiento del propietario antes de realizar cualquier actividad de búsqueda.
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