Los militares rechazan la “injerencia” de Defensa y siguen adelante con su acuerdo con Desokupa: “El Gobierno nos quiere silenciar”

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) sigue adelante con su acuerdo con Desokupa, pese a la amenaza de sanciones por parte del Ministerio de Defensa. “El convenio está en vigor y así se mantendrá”, ha asegurado a Infobae España el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, quien ha adelantado que el asunto ya está en manos del equipo de abogados de la institución.

En este sentido, Gómez se ha mostrado sorprendido por el hecho de que la asesoría jurídica del departamento que lidera Margarita Robles haya hecho un informe tras analizar un acuerdo entre particulares al que, según el presidente de ATME, no ha tenido acceso: “¿Qué es lo que han estudiado? Ese documento no ha salido a la luz, no saben lo que recoge el convenio”. Al respecto, desde la entidad han solicitado a Defensa que les proporcione dicho informe y se les comunique quién dio la orden de que se llevase a cabo, como también en base a qué ha sido confeccionado.

Asimismo, desde la asociación que defiende los derechos de los efectivos de la escala más baja -y numerosa- de las Fuerzas Armadas ha rechazado también las acusaciones de “falta de legitimidad” vertidas por Defensa. “Estamos inscritos en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales y legalmente constituidos desde hace 12 años”, ha destacado Gómez.

“Veladamente dicen que somos una asociación ilegal, es surrealista. Si hasta somos miembros del Consejo de Personal”, ha señalado el presidente de ATME, en referencia al órgano en el que el Ministerio y las distintas asociaciones militares abordan cuestiones que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Gómez también ha recordado que si bien los militares tienen prohibido sindicalizarse, sí pueden formar parte de asociaciones profesionales.

Además, Gómez ha asegurado que ATME es “libre y soberana” para llevar adelante los acuerdos que considere en beneficio de sus afiliados, algo que lleva haciendo desde hace años con distintas empresas privadas y ante los que Defensa nunca había intervenido hasta ahora. “¿Qué pinta el Ministerio aquí? El Gobierno nos quiere silenciar y tutelar”, ha denunciado.

Acuerdo con Desokupa

La polémica surgió este lunes al trascender la firma de un convenio entre ATME y Desokupa, empresa conocida por dedicarse a desalojar, mediante el uso de la violencia, a personas que ingresan de manera ilegal y se instalan en una vivienda particular. Pese a que, hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho público el acuerdo alcanzado, desde ATME han comentado que el mismo implica descuentos en todos los servicios que ofrece la empresa de Daniel Esteve, que llegan al 50% en el caso los cursos de defensa personal que también se imparten desde Desokupa.

Asimismo, con el objetivo de que los soldados y marineros que deben abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años puedan reinsertarse en el mundo laboral civil, el convenio firmado también incluye el compromiso de Desokupa de contratar a los socios de ATME que tengan un buen desempeño en los cursos dictados por la compañía, siempre y cuando sus perfiles se adecúen a las necesidades de la empresa. “La reincorporación a la vida civil del personal temporal es especialmente difícil, debido a los problemas que encuentran en ver homologada los cursos que realizan y debido también a que la escala de Tropa y Marinería es la única que al finalizar su periodo de formación no le es concedida una titulación académica oficial”, han justificado desde ATME.

Por su parte, 24 horas después, el Ministerio de Defensa declaró la nulidad del mencionado convenio “por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo”, en base a un informe de su asesoría jurídica que el departamento de Robles no ha hecho público. De esta manera, el Ministerio ha solicitado a ambas cesar su alianza o, de lo contrario, procederá a la “impugnación jurisdiccional” de la misma y “a la apertura del correspondiente expediente”. “En ATME estamos muy tranquilos, pues sabemos que el principio de autotutela que reviste al Ministerio no es de aplicación en este convenio y, por lo tanto, es un asunto en el que carecen de competencia”, ha asegurado Gómez.