El Gobierno mantiene la “tranquilidad absoluta” ante las reiteradas acusaciones del supuesto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, contra miembros del Gobierno de Pedro Sánchez e importantes dirigentes socialistas. Más allá de las afirmaciones que cercan al exministro José Luis Ábalos, imputado por su posible implicación en el cobro de comisiones en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, el empresario disparó especialmente en sede judicial contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el director de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno; y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Pero estas acusaciones se han vertido hasta ahora sin pruebas. Y a eso se agarra el Gobierno para deslegitimarlas y defender la inocencia de estos tres señalados. En este sentido, en Moncloa hay voces que ya hablan de la posible falta de garantías propias de un Estado de derecho en lo relativo al desarrollo judicial de este caso, que el Ejecutivo quiere acotar al exministro de Transportes.
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“Parece la Inquisición”, denuncia una voz con peso en el Gobierno de Pedro Sánchez para quejarse de la indefensión que sufren los socialistas al estar en la picota por las palabras de Aldama ante el juez. El pasado 21 de noviembre, el empresario declaró de manera voluntaria en la Audiencia Nacional, aludiendo al propio Pedro Sánchez, y este lunes hizo lo propio en el Tribunal Supremo, aunque no implicó a nuevos miembros del Gobierno.
Estas voces aseguran que “lo de Aldama no tiene ni pies ni cabeza”, aludiendo a su estrategia de “acoso” al Ejecutivo, una situación que la derecha aprovecha para arremeter contra Pedro Sánchez, tal como critican en Moncloa. En definitiva, en el Gobierno ponen en duda la versión de Aldama, al achacar que no ha aportado pruebas determinantes que sustenten sus acusaciones. Por eso, el Ejecutivo reta al presunto comisionista a presentar pruebas.
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El Gobierno dispara contra Aldama
En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pidió este martes a la Guardia Civil el volcado del contenido del móvil de Aldama en el que decía tener “comunicaciones por la vía de WhatsApp que corroborarán muchos de los extremos relatados” en sus testimonios, según informó El Confidencial. Asimismo, más allá de sus declaraciones ante el juez, el expresidente del Zamora FC entregó varias capturas de mensajes y otros documentos que acreditarían sus acusaciones contra Ábalos y Koldo.
Pero a falta de que este asunto se esclarezca, Moncloa mantiene que lo que ha hecho Aldama “no es acusar sin pruebas”, sino “difamar”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusó este martes a Aldama de no colaborar con la Justicia, y deseó que, “a quien se esté acusando falsamente y sin pruebas, vea resarcido cuanto antes su honor y su buen nombre”. “Si tiene pruebas, que las aporte y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada”, dijo el dirigente socialista desde la sala de prensa de Moncloa para disparar también contra PP y Vox, que “se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones”.
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Más allá de las acusaciones de Aldama, el Gobierno se ha lanzado en las últimas horas a restar importancia a la fotografía del empresario con Ábalos en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz junto a los representantes diplomáticos del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Voces gubernamentales subrayan que por una foto “no se puede condenar”. Y no solo eso, en palabras del ministro Ángel Víctor Torres, se quiere hacer un “uso partidario político de fotos”.
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