Los funcionarios salen a la calle en defensa de Muface: “No vamos a dejar que muera por inanición”

Más de 1,5 millones de personas, acogidas bajo el paraguas de Muface, siguen con incertidumbre y enfado el debate sobre el futuro del concierto que gestiona su asistencia sanitaria. La mutualidad de los funcionarios, creada en 1975, ha dado hasta ahora a los trabajadores públicos la opción de que su salud y la de sus allegados sea proporcionada por empresas privadas o por la Seguridad Social. Ahora su continuidad está en duda, pues ninguna aseguradora ha querido responder a la nueva licitación para 2025-2026.

Adeslas, Asisa y DKV, las únicas compañías que continuaban en el concierto, han denunciado que el modelo está “infrafinanciado”, motivo por el que rechazaron presentarse a la licitación del Ministerio de Función Pública el pasado 5 de noviembre. El Gobierno trabaja en una nueva licitación que atraiga a estas compañías de vuelta, pero no queda claro qué pasará con la asistencia sanitaria de los mutualistas. Por ello, los sindicatos de los trabajadores públicos han convocado este sábado una manifestación en Madrid.

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CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha convocado a los funcionarios a las 12:30 horas del sábado frente a la Dirección General de Muface, en Madrid, para evitar que “muera por inanición un modelo que ha demostrado su eficacia durante décadas”, declaró Miguel Borra, presidente de CSIF.

Una asistencia sanitaria en jaque

Las aseguradoras han criticado los estragos que podría causar la caída de Muface en la sanidad pública. En un entorno marcado por la acumulación de pacientes en las listas de espera (848.340 personas, según los datos del mes de junio) y la sobrecarga de los profesionales, el sector de la salud privada entiende que la llegada de un millón y medio de personas más solo contribuiría a la saturación del sistema público.

El Ministerio de Sanidad, en cambio, insiste en que la población mutualista tan solo supone un 2,12% de la población que ya atiende el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para la ministra, Mónica García, la sanidad pública estaría eventualmente preparada para la absorción de toda esa población. “Y no solo eso, sino que además les daríamos un servicio que incluso para determinadas poblaciones es mejor, porque incluye la Atención Primaria”, ha comentado.

Mientras, los funcionarios mayores y aquellos que, aun jubilados, mantenían su asistencia concertada, ven con preocupación el panorama pues, aunque quisieran, no podrían continuar en la privada: normalmente, las compañías rechazan asegurar a aquellas personas mayores de 75 años, y la edad límite para contratar un seguro son 69 años. En este grupo hay más de 175.000 personas, según la Memoria Muface de 2023.

Las aseguradoras ya han empezado a rechazar mutualistas, según ha denunciado CSIF. El sindicato ha presentado centenares de quejas de funcionarios al Defensor del Pueblo y al Congreso de los Diputados, que evidencian que las clínicas privadas están anulando, retrasando y suspendiendo las citas médicas e intervenciones quirúrgicas de los funcionarios, llegando incluso a pedirles que paguen los procedimientos sanitarios. Esta medida de presión incumpliría el actual concierto, que garantiza la cobertura de las aseguradoras hasta el 31 de enero de 2025.

Camino a la nueva licitación

Muface continúa trabajando en una nueva oferta que atraiga a las aseguradoras. Según anunció el ministro de Función Pública, Óscar López, la licitación llegará antes de que acabe el año. Por el momento, la mutualidad ya se ha reunido con DKV y Asisa y ha evaluado de forma positiva sus propuestas. Adeslas, no obstante, rechazó un encuentro con el Gobierno.

Así, el informe final de la consulta preliminar apuesta por realizar un incremento de las primas por tramos de edad, “al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo”. No obstante, Muface ha criticado la falta de transparencia de las aseguradoras, al considerar que no han justificado el incremento de los costes que alegan y por el que exigen un aumento de las primas de más del 40%, “si bien analizando las informaciones se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo”.