Muface no es sostenible, dice Sanidad: el plan del ministerio para incluir a los funcionarios en la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad lo tiene claro: “El modelo Muface en la actualidad no es sostenible”. Es una de las principales conclusiones de su informe sobre el traspaso de los funcionarios actualmente cubiertos por la mutualidad al Sistema Nacional de Salud. El estudio lo han realizado tras la negativa de las aseguradoras de volver a incorporarse al sistema Muface, al considerar que el aumento de las primas del 17,12% era insuficiente para cubrir los costes del servicio que ofrecen.

El rechazo de Adeslas, Asisa y DKV a prestar sus servicios a Muface ha dejado a más de un millón de funcionarios y sus familiares sin la asistencia sanitaria privada que recibían hasta ahora pagada por el Estado. El concierto actual caduca el próximo 31 de diciembre, por lo que el Ministerio de Función Pública trabaja contrarreloj para sacar una nueva licitación que atraiga a las empresas. De no lograrse una oferta lo suficientemente alta, los funcionarios deberían pasar al Sistema Nacional de Salud, algo que Mónica García asegura que es perfectamente posible.

Según el informe presentado este lunes, el envejecimiento progresivo de los funcionarios hace prever que Muface costaría cada vez más dinero al Estado. Los últimos datos a octubre de 2024 revelan que el 42,45 de la población mutualista tiene entre 35 y 64 años, mientras que más del 30% supera los 65 años. Asimismo, el informe señala que “las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos”, que empuja a los asegurados con condiciones graves (véase los pacientes oncológicos) “a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”. Llegan a esta conclusión a partir de un informe publicado en 2024 en The European Journal of Health Economics, que estudia los diagnósticos de cáncer en mutualistas frente a la población general.

“La existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos por parte de las aseguradoras privadas que prestan la asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE, es un fenómeno que supone una asunción por parte del SNS de los riesgos y costes que deberían asumir las aseguradoras sanitarias privadas”, critica el estudio.

Una oportunidad sin precedentes: el plan de Sanidad para incorporar a los mutualistas

“El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”, concluye el informe del ministerio. Los funcionarios de Muface apenas ha crecido en los últimos 12 años y los trabajadores públicos que, dentro del sistema, optan por continuar en la Seguridad Social ha crecido un 75%.

Del alrededor de 1,5 millones de beneficiaros de Muface, 1.007.322 han escogido recibir asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. En términos globales, significa que la población atendida por la sanidad pública crecería un 2,12%. Por la distribución de los funcionarios, su edad y las patologías que padecen, el efecto sería desigual en las comunidades autónomas. Andalucía, Castilla y León y Extremadura serían las más afectadas teniendo en cuenta estos tres factores, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pese a ello, son Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana quienes incorporarían mayor número de funcionarios a sus sistemas sanitarios. “La sanidad pública lo que dice es nosotros sí que tenemos capacidad [de asumir a los funcionarios] y lo que hay que hacer es reforzar la sanidad pública. La sanidad pública nunca va a hacer cálculos de rentabilidad de negocio, sino que lo que hará será dotar el sistema sanitario para que pueda ser sostenible”, ha declarado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Padilla recuerda que el SNS ya ha sufrido incrementos similares “cuando el sistema se fue haciendo cada vez más grande y de hecho algunas comunidades autónomas”. En 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD (sistema previo al SNS) y, en 1989, se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia.

Ahora, Sanidad propone que, de no alcanzarse acuerdo con las aseguradoras, el Gobierno podría aplicar una prórroga forzosa de nueve meses al actual concierto, tiempo en el que “podría plantearse una incorporación paulatina” de los mutualistas al SNS. Se haría de forma estratificada, según el orden alfabético de los apellidos, la edad y la aseguradora prestadora de los servicios en cada caso. Los pasos a seguir serían:

1. Identificar a los pacientes que sigan procesos terapéuticos que no se puedan paralizar. Estas personas serían las últimas en pasar al sistema sanitario público y se mantendrían en el privado, salvo en caso “de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos)”, donde se valoraría una prórroga de un año con el servicio privado.
2. Elaborar un plan de transición y continuidad que garantice a los pacientes enfermos crónicos de alta complejidad una atención normal en los hospitales públicos, sin necesidad de pasar por primera consulta.
3. Crear un plan de transferencia de información clínica que evite la duplicidad de pruebas y asegure la continuidad de la asistencia.
4. Compromiso “lista de espera quirúrgica cero”: los procedimientos indicados por las aseguradoras privadas se harían, durante los primeros 4 meses de prórroga, en la sanidad privada.
5. Plantear un plan de comunicación para la población general y la población mutualista “que favorezca el conocimiento de la nueva situación, el plan de transición y ayudara a resolver cualquier duda que pudiera generarse para evitar dificultades”.

Asimismo, la financiación otorgada hasta ahora al sistema Muface pasaría a las comunidades autónomas “para su inversión, con carácter finalista durante los primeros 3 años, en los respectivos servicios autonómicos de salud”. Siguiendo la última oferta del Ministerio de Función Pública, esto supondría el traslado de 2.681 millones de euros a las autonomías.