¿Podría España decretar una ley marcial como la que se ha llevado a cabo en Corea del Sur?

Este martes, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha decretado la ley marcial, con la que ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y protestas y la censura de los medios de comunicación. Aunque a las horas fue anulada, ha sido suficiente para sacudir el país y crear gran rechazo ante el mandatario.

La llamada como ley marcial, es un concepto que implica la administración temporal de un territorio por parte de las fuerzas militares en situaciones de emergencia. Este tipo de gobierno se implementa cuando las autoridades civiles se consideran incapaces de manejar eficazmente una crisis, como puede suceder durante conflictos bélicos, desastres naturales, disturbios civiles o periodos de inestabilidad política.

La imposición de la ley marcial puede acarrear repercusiones legales, incluyendo la suspensión de derechos civiles y la aplicación de la normativa militar. Aunque se concibe como una medida de carácter temporal, en ocasiones su vigencia puede extenderse indefinidamente, lo que genera preocupación sobre el impacto en las libertades individuales y el orden constitucional.

En el caso del país asiático, esta medida establece la prohibición de actos que cuestionen el sistema democrático liberal, así como la difusión de noticias falsas y propaganda. Además, todos los medios de comunicación estarán bajo control militar, lo que implica una supervisión estricta de la información que se difunde al público.

En el ámbito laboral, esta ley marcial suspende huelgas y concentraciones, y ordena al personal médico reincorporarse a sus puestos en un plazo de 48 horas bajo amenaza de sanciones. Esta medida afecta directamente a miles de médicos que han estado en huelga durante meses en protesta por los planes del gobierno de aumentar el número de estudiantes en las facultades de medicina.

También permite la detención, registro y arresto de ciudadanos sin orden judicial, conforme al Artículo 9 de la Ley Marcial, y establece posibles sanciones según el Artículo 14. Sin embargo, la medida exceptúa expresamente a “ciudadanos comunes inocentes”, excluyendo a “fuerzas antiestatales y subversivas”. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿Podría en España aplicarse una ley marcial?

La ley marcial en España

En España no existe ninguna regulación de ley marcial como tal, pero lo más parecido es el estado de sitio, que viene recogido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En un contexto de amenazas a la soberanía y la integridad territorial de España, el Gobierno tiene la facultad de proponer al Congreso de los Diputados la declaración de un estado de sitio, según lo estipulado en la Constitución.

Esta medida se contempla cuando una insurrección o acto de fuerza no puede ser resuelto por otros medios, y su declaración especificará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio y solo puede ser decretado por mayoría absoluta del Congreso.

La declaración de estado de sitio permite al Gobierno asumir facultades extraordinarias, en línea con el artículo 97 de la Constitución, que le otorga la dirección de la política militar y de defensa. En este marco, el Gobierno designará a una Autoridad militar encargada de ejecutar las medidas necesarias en el territorio afectado.

Durante el estado de sitio, se pueden suspender temporalmente las garantías jurídicas de los detenidos, tal como se reconoce en el artículo 17 de la Constitución. Además, el Congreso de los Diputados tiene la potestad de determinar qué delitos quedarán bajo la jurisdicción militar mientras dure el estado de sitio.

La Autoridad militar, una vez designada, procederá a publicar y difundir los bandos necesarios que contengan las medidas y prevenciones acordes con la Constitución y las condiciones del estado de sitio. Las autoridades civiles, por su parte, continuarán ejerciendo sus funciones en las áreas no conferidas a la Autoridad militar y deberán proporcionar toda la información relevante sobre el orden público.