Unos vecinos impiden que el Gobierno de Ayuso pueda alquilar unas viviendas como oficinas en plena Castellana

No hay alquiler, así que tiene que haber venta. Unos vecinos han plantado cara al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso y han obligado al Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región, a tener que comercializar unas viviendas que este ente público posee en el número 57 de la calle José Abascal, en pleno barrio de Almagro de la capital, ubicado muy cerca del Paseo de la Castellana. La subasta se celebra el próximo 13 de diciembre.

La empresa que suministra el agua a los madrileños no ha tenido más remedio que iniciar un proceso de venta ‘online’ de las viviendas que tiene en este edificio a través de la web Addmeet, un portal especialista en subastas privadas de solares y edificios para Administraciones públicas y propietarios privados. Según recoge el anuncio, el precio de venta es de 10.583.961 euros, por lo que, teniendo en cuenta la superficie bruta alquilable de 2.527 metros cuadrados, estamos hablando de 4.188 euros por metro cuadrado. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 29 de noviembre y la subasta se celebra días después, el 13 de diciembre.

“Oficinas a subasta en Madrid, Almagro. Las oficinas ‘José Abascal, 57′ se encuentran se ubican en pleno barrio de Almagro de Madrid, uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de la capital. El edificio dispone una ubicación privilegiada junto al principal eje financiero y de negocios de Madrid, el Paseo de la Castellana. Disponen de 2.527 metros cuadrados, distribuidas en planta baja, primera y segunda y ocho plazas de aparcamiento. Las oficinas, con uso original residencial, están pendientes de rehabilitación integral. El edificio fue construido en 1967 y dispone de 52 metros de fachada directa a la calle José Abascal y 28 metros a calle Zurbano, estando la fachada protegida”, reza el anuncio de venta.

Diputados de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid se interesaron por la venta de estas viviendas que funcionan como oficinas. En una respuesta oficial, el Canal de Isabel II asegura que “adquirió dichas fincas con el fin expreso de destinarlas a uso de oficinas, pero al no haberse obtenido la autorización necesaria de la comunidad de propietarios, se ha considerado la venta de las mismas mediante un procedimiento de pública subasta como la alternativa más eficiente”. Es decir, que los vecinos no han dejado a la empresa pública que pueda alquilar estas fincas. Infobae España ha intentado, sin éxito, conocer las razones de los vecinos para imponer este veto. Lo cierto es que a pesar de que se trata de un inmueble que ha sido usado como oficinas, en origen tenía uso residencial, de modo que el futuro propietario que lo compre podría devolver dicho uso al activo, transformándolo en pisos.

Obras por 2,5 millones de euros en 2022

Las propiedades que vende ahora el Canal de Isabel II se ubican en la planta baja, primera y segunda del edificio, mientras que el resto de plantas son viviendas de particulares. Los vecinos que han impedido el alquiler. El Canal ya gastó 2,8 millones de euros en mayo de 2023 en el acondicionamiento de oficinas de este edificio. Las obras, sin embargo, nunca llegaron a realizarse. Y eso que desde 1999 el Ayuntamiento de Madrid redactó informe favorable sobre la posibilidad de ejercer la actividad de oficinas en la planta primera y segunda. Posibilidad que volvió a ser ratificada en julio de 2011.

Canal de Isabel II se ha puesto en contacto con la patronal de los promotores madrileños, Asprima, para ofrecer el activo a sus asociados. La enajenación se realizará a través de lo que se conoce como subasta ‘inglesa’ o al alza, es decir, los inversores realizarán pujas al alza sobre las ya existentes. El precio de partida son 10,58 millones de euros, aunque los potenciales compradores podrán subir su oferta. Hay que recordar que el Canal de Isabel II es una empresa pública en cuyo accionariado están representados la Comunidad de Madrid y 111 municipios de la región.

Para Diego Cruz, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, “esta venta contribuye al aumento de precios desmesurados de la vivienda en un barrio fuertemente tensionado, a la vez que se pierde patrimonio público por parte de una empresa pública que no tiene problemas económicos. En este sentido, y valga de ejemplo los teatros del Canal, donde se optó entonces por un fin cultural y no especulativo, este espacio se podría haber dedicado a dotaciones sociales que el barrio necesita, como una escuela de música. Por la razón que sea, si el uso de oficina que el Canal quería dar al inmueble no ha salido adelante, también se podría haber llegado a un acuerdo con la Consejería de Vivienda para transformar ese espacio en viviendas con algún tipo de protección social. Es decir, se ha optado por hacer caja sin pensar en necesidades sociales, y todo ello por parte de una empresa que saca pecho por sus buenos resultados económicos”.