Una empleada de un banco vació las cuentas de 16 jubilados y ganó más de medio millón para gastar en ropa: “Su estrategia al retirar dinero impidió detectar la estafa”

Francia ha vivido uno de los casos de fraude más notorios de los últimos años. La corte de apelaciones de Rennes, capital de Bretaña, al noroeste del país, ha confirmado la condena de una exempleada del Crédit Mutuel Arkéa. La mujer, una exencargada de atención al cliente, ha sido declarada culpable de haber retirado fondos de las cuentas de 16 clientes jubilados durante varios años, acumulando una suma de cerca de 534.000 euros entre 2011 y 2019.

La condenada, identificada como una “compradora compulsiva”, fue sentenciada a un año de prisión efectiva y dos años adicionales de prisión suspendida bajo libertad condicional. Además, deberá reembolsar la cantidad sustraída a su antiguo empleador. La corte rechazó su intento de compartir la responsabilidad con el banco, argumentando que este no había incumplido su “deber de vigilancia”.

El tribunal de apelaciones justificó que los desfalcos se mantuvieron ocultos debido a una “estrategia de disimulación” que impedía detectar movimientos inusuales en las cuentas de los afectados. A pesar de esto, la corte decidió no indemnizar al Crédit Mutuel por un “protocolo transaccional” firmado previamente con la acusada y por los daños que la entidad financiera pagó de manera voluntaria a catorce de las víctimas.

El caso ganó notoriedad en mayo de 2020 cuando el Crédit Mutuel Arkéa presentó la denuncia tras despedir a la empleada, quien acumulaba ya cuarenta años de servicio en la institución. Las investigaciones revelaron que la extrabajadora poseía cuarenta cuentas bancarias repartidas entre cuatro entidades diferentes. Esto le permitió disfrazar sus “gastos fuera de lo común” en tiendas de moda femenina.

Las víctimas tenían “total confianza” en la empleada

La mayoría de sus víctimas, con edades comprendidas entre los 70 y 94 años, habían expresado su “total confianza” en la empleada. Una de ellas incluso llegó a declarar que le hubiera permitido firmar cualquier documento. Sus antiguos compañeros describieron a la acusada como una persona extremadamente reservada, que no quería que nadie más manejara los expedientes de sus clientes en su ausencia. Era considerada “autoritaria” por su larga trayectoria y su carácter, impidiendo a sus compañeros entrar en contacto con su cartera de clientes.

El tribunal también examinó las circunstancias personales de la condenada, quien había sufrido la pérdida de su marido, quien se suicidó, y de su hijo en un accidente de moto. Sin embargo, el tribunal resaltó que estos eventos no explican por qué su comportamiento delictivo se prolongó tanto tiempo sin que tomara conciencia de sus actos.

Entre los afectados estaba su propia tía de 84 años

Entre las víctimas se encontraba su propia tía de 84 años, la única de las afectadas que ha sido reembolsada hasta la fecha. Según declararon los jueces, la pérdida familiar no justifica el largo lapso de tiempo en el que se perpetuaron los delitos. Durante el juicio, el abogado general enfatizó la falta de compasión de la acusada hacia sus víctimas, destacando la naturaleza calculada de sus elecciones: seleccionaba a personas mayores que confiaban en ella y que no solían revisar sus extractos bancarios.

La propiedad de la acusada en Laval, Mayenne, ha sido confiscada como parte del proceso judicial. Su abogada expresó su preocupación de que esta medida pueda frustrar cualquier proyecto de uso de un brazalete electrónico como alternativa al encarcelamiento directo. Sin embargo, los jueces subrayaron que la mujer percibe ingresos de 3.100 euros mensuales, sumando su pensión de jubilación y su trabajo actual como teleoperadora para una compañía de seguros, lo cual debería permitirle cubrir el pago de un alquiler.