El Gobierno de coalición ha aprobado este lunes un nuevo paquete de ayudas con 110 medidas por valor de 3.765 millones de euros. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser el encargado de detallar el segundo real decreto-ley, que se une a los 10.609 millones aprobados hace una semana. En total, son 14.373 millones. Según destaca el Gobierno central, el escudo social desplegado hasta ahora ayudará a “unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas”.
Entre las medidas, el Gobierno anticipará de manera inmediata el 50% de estas ayudas a todos los ciudadanos que las soliciten, para que “no tengan que esperar mientras se tramita su expediente”. Asimismo, ha aprobado extender todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. También, ampliará las compensaciones por pérdida de enseres también a los inquilinos, y a los bienes que no sean de primera necesidad.
Sánchez ha avanzado que extenderá de manera temporal las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno, creará puntos de atención en todas las oficinas de Correos, y abrirá una red de oficinas temporales en los municipios afectados, de las que 10 estarán operativas este mismo lunes. El segundo real decreto-ley contempla el incremento temporal en un 30% del complemento de Ayuda Para la Infancia, que perciben las aproximadamente 10.000 familias con menores y de bajos ingresos que residen en las zonas afectadas.
El nuevo paquete aprobado este lunes forma parte de la primera fase de respuesta inmediata y avanza hacia la segunda fase de reconstrucción tras el impacto de la DANA, que devastó hace casi dos semanas gran parte de la provincia de Valencia. Muchas de las medidas van destinadas a paliar los efectos en materia de vivienda. En este sentido, Sánchez ha subrayado que el Gobierno ha habilitado “150 viviendas de titularidad estatal, que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas, para ponerlas a disposición de los afectados de forma gratuita e inmediata”. Por otro lado, se dedica una partida de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo, destinado a retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados.
También, se destinarán 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para los damnificados, y se extenderá el Código Hipotecario de Buenas Prácticas para que los hogares afectados puedan congelar sus hipotecas 12 meses más, una vez pasados los 12 meses ya recogidos en el real decreto-ley de la semana pasada. Asimismo, se recoge la prohibición de cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados; se permite, sin coste alguno para el consumidor, modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro, así como aplazar las facturas; y se conmina a las operadoras de telecomunicaciones y servicios que compensen a sus clientes por los servicios que no han recibido durante la catástrofe.
Refuerzo de las ayudas laborales y al tejido productivo
Otro ámbito importante del escudo social por la DANA es el de las medidas laborales, reforzándose el ERTE de fuerza mayor para aplicarlos a todas las empresas y trabajadores que, aunque no están localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA. Se asimila la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la recepción de esta ayuda. Será equivalente al 50% de su base de cotización.
El Ejecutivo ha acordado impulsar una línea de ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%. Asimismo, otra línea de créditos ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos.
El Gobierno pondrá en marcha un programa para reparar infraestructuras agrarias, como caminos, bancales y sistemas de regadío, de 175 millones de euros, que será ejecutado por TRAGSA. El nuevo paquete de medidas contiene la la activación de un primer tramo de 1.000 millones de los créditos ICO, anunciado la semana pasada, concretando una línea de avales que cubrirán el 80% del préstamo total, para que hogares, empresas y autónomos puedan acceder lo antes posible al importe de las ayudas, subvenciones e indemnizaciones y también acometer las inversiones que necesiten.
El segundo real decreto-ley recoge la flexibilización de las ayudas, plazos de ejecución y condiciones de los proyectos a las empresas industriales. Habrá un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y otra partida de dos millones de euros en ayudas directas para los cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.