El Gobierno afirma que desautorizó la visita de Delcy Rodríguez a España cuando constató que no podía entrar

La noche del 19 de enero de 2020 la vicepresidenta de la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en España. El motivo de su visita era una reunión con el por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos para hablar de empresas españolas. Hasta aquí, este encuentro “forma parte de la normalidad de que un ministro se reúna con una vicepresidenta de un gobierno”, aseguran fuentes de Moncloa. Sin embargo, Delcy Rodríguez es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado, ha congelado sus activos en suelo europeo y ha prohibido viajar al espacio Schengen. Por lo que ahora aseguran que en cuando se constató que la dirigente chavista no podía entrar al país, se desautorizó la visita.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha revelado este jueves en un nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que fue Ábalos quien la invitó y que Pedro Sánchez dio el ok por Whatsapp. “Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda”, escribió Ábalos a Sánchez a través de Whatsapp. “Bien”, respondió el presidente del Gobierno.

Estos mensajes fueron descubiertos por la UCO gracias a una captura de pantalla que Ábalos envío a su exasesor Koldo García y que ahora ha sido descubierta en el análisis de los móviles de la trama, al que ha tenido acceso Infobae España. Pero, si el Gobierno desautorizo el encuentro, ¿por qué Rodríguez viajó a España? En efecto, lo hizo, pero no salió de la sala VIP de Barajas, donde supuestamente pernoctó tras aterrizar en el aeropuerto internacional, ya que no es espacio comunitario.

“Se plantea una reunión con una vicepresidenta de un gobierno para hablar de empresas españolas en Venezuela y coincidiendo con Fitur. En cuanto el Gobierno constata que hay sanciones, esa visita se cancela y no se produce”, ha explicado de manera tajante el ministro Ángel Víctor Torres, responsable de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática. De hecho, existía un planning de las actividades que Delcy Rodríguez iba a realizar en su visita a España, que se pretendía llevar a cabo a pocos días de que llegara, pero lo cierto es que no salió del aeropuerto.

“No hubo visita oficial ni se autorizó”

Fuentes de Moncloa apuntan que “no hubo visita oficial ni se autorizó”. “Hay un avión que aterriza porque la tripulación tiene que descansar. Ábalos tendrá que decir por qué se reunió” con Rodríguez, a pesar de que la visita estaba desautorizada, insisten. Lo cierto es que, en su día, el propio Sánchez defendió en sede parlamentaria dicho encuentro al alegar que se quería “evitar una crisis diplomática”. Pero el Gobierno asegura que tiene “preocupación cero” por la actuación del Ejecutivo, que se produjo con “celeridad y contundencia” en todo lo relativo a Ábalos, el primer exministro del Gobierno de Sánchez al borde de la imputación. Además, remarcan que el PSOE o “colaborará con la Justicia en todo lo que le sea demandado”. “Se suspendió de militancia a Ábalos y se le pide el acta de diputado. Se crea una comisión de investigación en el congreso para hablar de estos asuntos de verdad, no como la comisión fake del Senado”, agregan.

El partido se pronuncia después de que la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, haya acusado al Gobierno de conocer y de tapar chivatazos desde la Guardia Civil a los implicados en la trama del caso Koldo, y tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que aparece mencionado el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Como respuesta, apuntan que el PP acumula “casi una treintena de juicios”.

El PSOE opina que el PP ahora “pone en juego” a Muñoz, a la que califican como “la discípula más avanzada” de Alberto Núñez Feijóo, al que definen como “agitador gallego”. El PP lo hace, prosiguen las fuentes, debido a la “abrasión política” que viven dirigentes populares como el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, tras el voto a favor de los populares en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al conmutar los años de condena cumplidos en Francia.

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