Las condiciones que el PP pide para la regularización de migrantes hacen peligrar la iniciativa: “Podría quedar en papel mojado”

En medio de las tensiones por la gestión migratoria y un auge de los discursos de odio, este miércoles PSOE y Sumar presentaban en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar del 1 de noviembre de 2021, fecha que recoge ahora el texto original. Un “importante avance” con el que se pone fin a los cinco meses en los que la iniciativa, que contó con el apoyo de más de 600.000 firmas y 900 organizaciones, ha estado bloqueada en el periodo de enmiendas después de que fuera admitida a trámite en abril en el pleno de la Cámara baja.

“Este desbloqueo supone un gran paso porque ya temíamos que la iniciativa quedara en un cajón”, dice a Infobae el activista y político Augustin Ndour, uno de los impulsores de esta ILP, que de aprobarse permitiría a miles de personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular en España acceder a permisos de residencia y trabajo. Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, así como sus socios, consideran que el límite temporal previsto en la ILP es “insuficiente y limitado” y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el país, y aseguran que esta regularización “será la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral” de estas personas.

Sin embargo, las organizaciones que han impulsado la ILP, entre las que figuran Por Un Mundo Más Justo (M+J), el Movimiento Regularización Ya, Por Causa o Fundación para la Ciudadanía Global, han mostrado su preocupación por la enmienda parcial que ha presentado el Partido Popular, en la que especifica que la regularización deber ser realizada de forma “individualizada”, mantiene la fecha del 1 de noviembre de 2021, y especifica que los candidatos no pueden haber delinquido ni tener prohibida la entrada en el país.

Esa fecha de entrada en España que el PP pide como condición para la regularización “es igual de exigente que el mecanismo de arraigo social, por lo que convertiría la regularización en papel mojado”, aclara Ndour. Teniendo en cuenta que la vía de regularización ordinaria por arraigo social exige un tiempo mínimo de residencia de tres años, añade, un elemento importante para el acuerdo “es fijar la fecha de corte para poder solicitar la regularización”, por lo que confía en que se pueda llegar a un acuerdo en ese punto. “En regularizaciones extraordinarias anteriores se exigía la entrada en España 6 meses antes de la aprobación de la regularización, y en este caso, de momento PNV, Podemos, PSOE y SUMAR han fijado esta fecha a 31 de diciembre de 2023″, recuerda.

Respecto a la enmienda presentada por Junts, Ndour considera que “es aún más complicada” al condicionar la aprobación de la ILP “a la transferencia de las competencias de migración al gobierno de Cataluña”.

Nueve procesos más de regularización de migrantes

Cabe recordar que desde los años ochenta tanto Gobiernos del PSOE como del PP han recurrido a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes para conceder permisos de trabajo y residencia, de forma que más de un millón de personas extranjeras consiguieron así sus papeles en nueve procesos. La última regularización fue aprobada en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la que cerca de 600.000 trabajadores migrantes pudieron normalizar su situación, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También se introdujo en esta última regularización la residencia por razones de arraigo para trabajadores extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.

Respecto a esta ILP, después de que los grupos parlamentarios hayan presentado sus enmiendas, el siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de octubre. Los impulsores de la iniciativa estiman que el proceso habrá terminado antes de navidades.

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