El juicio de Dominique Pelicot, conocido como el caso Mazan, ha generado gran interés en Francia y en todo el mundo. Pelicot está acusado de drogar a su exesposa, Gisèle, y de haberla entregado a unos cincuenta hombres que la violaron mientras ella permanecía inconsciente durante nueve años. Mientras que Gisèle Pelicot ha decidido enfrentar el juicio de manera pública, los rostros de los acusados no han sido publicados.
El proceso judicial será público, algo atípico en Francia, ya que la norma muy estricta. Sin embargo, pese a la decisión de la víctima de mostrar su rostro, no ocurrirá lo mismo con los acusados. La ley les ampara, y las imágenes solo podrán ser difundidas cuando el caso haya sido cerrado y siempre que se tenga “el acuerdo y el respeto de los derechos de las partes”.
Podrán difundirse cuando el juicio haya finalizado
El decreto de aplicación del artículo 1 de la Ley de Confianza en la Institución Judicial de 22 de diciembre de 2021 publicado el 1 de abril y que entró en vigor el 2 de abril de 2022, autoriza la grabación sonora o audiovisual de las audiencias judiciales y administrativas. Sin embargo, solo podrán difundirse, una vez que el caso haya sido juzgado definitivamente, con el acuerdo y respeto de los derechos de las partes: derecho de imagen, respeto a la vida privada, presunción de inocencia, derecho a la información, interés superior de la sociedad, menores o adultos protegidos.
Las excepciones a esta ley son escasas, como en casos de terrorismo. En procesos regulares como el de Pelicot, la única representación visual permitida proviene de los bocetos realizados por dibujantes presentes en la sala del tribunal, que son las únicas imágenes que se han difundido de este juicio. Para obtener grabaciones o fotografías, se requiere el consentimiento de los implicados, y estas solo pueden publicarse una vez finalizado el juicio, cuando se haya determinado la culpabilidad de los acusados.
A pesar de que la ley permite la divulgación de los nombres de los acusados, en la práctica los medios han optado por una cautela extrema debido al principio de presunción de inocencia. Christophe Clerc, abogado entrevistado por 20 Minutos, recuerda que no está prohibido publicar los nombres, ya que Gisèle Pelicot rechazó la posibilidad de un juicio a puerta cerrada. Sin embargo, mientras no se haya dictado una sentencia, los acusados no pueden ser calificados legalmente como “violadores”.
El anonimato de los acusados, sin embargo, no ha impedido que sus nombres circulen en redes sociales, lo que podría tener consecuencias legales. El artículo 223-1-1 del Código Penal francés sanciona con hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros a quienes revelen información personal con el fin de exponer a una persona o a su familia a un riesgo directo de daño. Los abogados de los acusados ya han señalado que sus familias han sido objeto de acoso y agresiones debido a la divulgación de sus identidades en línea.
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