BBVA va cubriendo etapas de su hoja de ruta que inició el pasado 9 de mayo al lanzar una opa hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell después de que este rechazara una opa amistosa. Desde entonces, el banco vasco ha ido consiguiendo los permisos necesarios para seguir adelante con la operación, entre ellos los de las autoridades de competencia de países donde Banco Sabadell tiene presencia, como Estados Unidos, Francia, Portugal, Marruecos y Gran Bretaña. Además, ayer jueves, dio un importante paso adelante al conseguir el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE).
Ya solo necesita la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de la aceptación de la oferta por parte de los accionistas de Sabadell que representen la mayoría de su capital social.
Más concentración y menos competencia
La fusión de ambas entidades, en caso de salir adelante, tendrá consecuencias para los clientes actuales y futuros de ambos bancos. La principal es que aumenta la concentración del negocio bancario con lo que se reduce la competencia y los usuarios de servicios financieros tendrán menos entidades y opciones entre las que elegir al contratar un depósito, pedir una hipoteca, solicitar una tarjeta o invertir en un fondo de inversión o un plan de pensiones.
“La opa haría que los ciudadanos dispusieran de una menor oferta bancaria, quedando encasillados entre las tres entidades principales, careciendo así de oferta competitiva, lo que produciría efectos lesivos en el sistema financiero español”, señalan desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
Hipotecas, créditos y comisiones más caros
También desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ven un lado oscuro en la opa, ya que además de reducir la competencia en el ámbito financiero al incrementar la concentración bancaria, podría provocar un aumento de las comisiones y un encarecimiento de los créditos y las hipotecas.
La merma de la competencia es también una de las consecuencias en las que se basa el Gobierno español para rechazar la operación, según ha manifestado en numerosas ocasiones el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debido a los “efectos lesivos potenciales” que puede tener sobre la estabilidad financiera, los clientes y la economía.
Incide en que la opa aumentaría la concentración bancaria, y supondría pasar del 62% de la actualidad al 70% la cuota de mercado que concentrarían las tres principales entidades bancarias españolas: CaixaBank, Banco Santander y BBVA, lo que perjudica la competencia y tendrá “efectos negativos” para los clientes, para la inclusión financiera y para la estabilidad financiera y la transmisión de la política monetaria, a juicio de Cuerpo.
Cierre de oficinas y de cajeros
Otra de las consecuencias negativas de la opa sería el despido de trabajadores y el cierre de oficinas bancarias y de cajeros automáticos, lo que provocaría privar de servicios bancarios directos a personas que quedarían en riesgo de sufrir exclusión financiera, apuntan desde las asociaciones de consumidores.
Y es que en España ya hay 1,4 millones de personas en riesgo de exclusión financiera, la mayoría de ellas en poblaciones pequeñas, según datos de la OCU. Además, el 42 % de los ciudadanos que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes se han visto afectados por el cierre de oficinas bancarias.
Todo ello hace que la nueva fusión podría agravar esta situación y más si este cierre se produce en las sucursales menos rentables, ubicadas en su mayoría en las áreas más despobladas. Ello no solo afectaría a los clientes individuales, sino también al pequeño comercio y a las pequeñas y medianas empresas, que podrían perder su punto de contacto bancario de referencia, señalan desde Asufin.
Cambio de condiciones de productos financieros
A todo ello se suma un posible cambio de las condiciones de los actuales productos financieros que ofrecen ambas entidades, como ventajas en cuentas, hipotecas o tarjetas. Sin embargo, los clientes que tienen contratados con ambas entidades préstamos e hipotecas no verán cambios en sus condiciones, ya que los contratos firmados tienen una duración determinada que ambas partes debe respetar.
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