Tras casi siete años viviendo en Bélgica, Carles Puigdemont ha vuelto a España. El líder de Junts per Catalunya ha aparecido en un acto convocado por su partido, donde ha dado su primer discurso en territorio nacional. Sin embargo, nada más salir del escenario ha desaparecido y todavía no se sabe su paradero.
En el caso de ser localizado por los agentes de la ley tendría que ser detenido debido a la orden nacional de captura que fue dictada por el juez Llarenas del Tribunal Supremo, tras negar que se le amnistiará el delito de malversación por el que estaba acusado.
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El magistrado descartó que este delito fuera amnistiable, por lo que por el momento se mantiene la orden de detención contra él y contra Antoni Comín y Lluís Puig, y no se archiva la ejecutoria que inhabilita hasta los años 2030 y 2031 a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
El Alto Tribunal dio dos razones para denegar la amnistía a este delito: por un lado, cree que Puigdemont se benefició personalmente del ‘procés’, no con dinero, pero sí con el referéndum; y por otro lado, señala que esta consulta afectó a los intereses de la Unión Europea, porque de haberse llevado a cabo la independencia, hubiese afectado a la economía de Bruselas.
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El delito de malversación
El delito de malversación de fondos, tipificado en el capítulo VII del Código Penal español, abarca los artículos 432 al 435. Este delito se refiere a la apropiación indebida del patrimonio público por parte de una autoridad o funcionario público que, “con ánimo de lucro, sustrae o permite que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos bajo su custodia”.
Las penas varían según el monto malversado. La pena básica incluye prisión de dos a seis años e inhabilitación de seis a diez años. En casos agravados, las penas pueden aumentar a prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de diez a veinte años, especialmente si el valor sustraído supera los 50.000 euros o si se causa daño al servicio público.
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Las otras causas abiertas
La del ‘procés’ no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo -que todavía no se ha pronunciado-- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán, según informó Europa Press.
Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.
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