
Tras dos plenos sin consenso, este lunes los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvieron a reunirse para tratar de elegir presidente, pero tampoco esta tercera vez pudo ser y finalmente aplazaron la votación, dejando en el aire una nueva fecha. Una falta de consenso que se produce después de que ninguno de los siete candidatos propuestos haya alcanzado los 12 votos favorables necesarios y no se haya roto el empate entre quienes habían obtenido más apoyos: Pilar Teso, favorita entre los progresistas, y Pablo Lucas, también progresista pero promovido por los conservadores.
Es precisamente el hecho de que una mujer pueda llegar a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo lo que está generando discrepancias, señala la magistrada Gloria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), donde tienen claro que nombrar a una presidenta supondría “un avance en la lucha por la igualdad real, además de un poderoso mensaje para que las futuras generaciones no solo vean que el liderazgo femenino es posible, sino que también es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa”.
“Esgrimir argumentos para decir que no es necesario que sea una mujer quien presida el CGPJ es una cuestión machista. Esa manifestación ya evidencia el viejo estereotipo de inferioridad intelectual de las mujeres, que ha sido el que ha acompañado a la toma de decisiones para decidir quién está en los puestos de poder dentro de la Justicia y siempre han sido hombres”, indica Poyatos a Infobae España. “Dicen que esto no es una cuestión de género, pero sí lo es, porque nunca ha habido una mujer al frente del CGPJ cuando es evidente que hay suficientes candidatas con méritos y capacidades como para ocupar ese puesto”.
No llegan a los puestos más altos
Aunque la presencia de mujeres en la carrera judicial en España es mayoritaria, aún están lejos de alcanzar puestos de poder en la cúpula, “un problema endémico” que se produce en prácticamente todas las profesiones, ya que las juntas directivas están conformadas principalmente por hombres. “Lo que ahora se visibiliza en el Poder Judicial no es más que el reflejo de lo que sucede en todas las profesiones y en todos los poderes del mundo”, añade la magistrada.

En España no fue hasta 1966 cuando se permitió el acceso de las mujeres a la carrera judicial y fiscal y, aunque ahora no esté escrito en ninguna ley, critica Poyatos, siguen existiendo “los mismos prejuicios y estereotipos en las cabezas de quienes deciden quién debe estar” en esa cúpula judicial. Por mencionar algunos datos, actualmente las fiscales son hoy el 66% de los 2.975 profesionales que hay en el país, según datos del Ministerio Fiscal y, sin embargo, solo 14 mujeres (38%) frente a 23 hombres (62%) tienen la categoría profesional de Fiscal de Sala, la más alta de la carrera. Además, no fue hasta 2020 cuando una jueza, María Luisa Segoviano, ocupó por primera vez la presidencia de una de las cinco salas del Tribunal Supremo.
Esta desigualdad en la cúpula de la carrera judicial también es evidente en los Tribunales Superiores de Justicia, pues solo hay dos presidentas en un total de 17 y ocho en las 50 Audiencias Provinciales, a pesar de que las mujeres suponen un 60% del colectivo judicial. Esa “presencia anecdótica de mujeres en la cúspide de la justicia española que se ha convertido en patológica tras cuarenta años de Constitución”, apuntan desde AMJE, repercute en la calidad de la justicia, pues pierde representatividad al “no integrar de forma equilibrada todas las experiencias humanas (masculinas y femeninas), sino solo las de la mitad de la sociedad”.
De hecho, la asociación de juezas también recuerda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ya advirtió de esta anomalía española” en un informe elaborado en 2015 en el que recomendaba al Estado “aplicar medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior”.
Romper las barreras
Por todo ello, desde AMJE consideran que este “es el momento de romper con las barreras históricas y estructurales y aprovechar la oportunidad de que una mujer lidere el máximo órgano de gobierno de la justicia española”. Una opinión que también comparten en la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), donde aseguran que “no hay excusa para que no se avance en igualdad también en el ámbito judicial”.
Para Poyatos, la candidata ideal debe “reivindicar sus propias experiencias como mujer” y sería deseable, añade, que contara con formación en derechos humanos y en derecho antidiscriminatorio por razón de género.
Mientras las conversaciones entre los vocales del CGPJ para decidir quién presidirá este órgano y el Tribunal Supremo continúan, el próximo 19 de agosto celebrarán una reunión con carácter excepcional para tratar asuntos urgentes que requieren de soluciones inmediatas.
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