
El Gobierno ha cargado este martes contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso judicial que afecta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Ejecutivo, imputada por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en el sector privado. Precisamente, esta causa dio un salto cualitativo con la citación de Pedro Sánchez como testigo, aunque el líder socialista se ha acogido este martes a su derecho a no declarar.
“Lo sorprendente es que se haya llegado hasta aquí. Es pedalear sobre la nada”, apuntan fuentes de Moncloa sobre la posibilidad de que la causa de un nuevo salto, algo que en Ferraz no descartan teniendo en cuenta el transcurso de los hechos y pesar de que la UCO no ha encontrado irregularidades en los contratos estudiados. En su segundo informe, el órgano de la Guardia Civil advirtió de que el proceso judicial es “genérico y carente de concreción” sobre los hechos que se imputan a la investigada.
Después de esta cita histórica y sin precedentes (el juez se ha desplazado al Palacio de la Moncloa para interrogar al presidente y grabar la declaración), la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha valorado la visita de Peinado: “Hemos visto que han venido a grabar u montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno en base a un no caso”.
Después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha expresado su “confianza” y “tranquilidad” porque “somos conscientes de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”. “Hoy se ha venido a Moncloa a hacerse una foto, a dar alimentos a las tertulias para este verano y no se preocupen, en los próximos días veremos filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador”. “A este montaje le faltaba el día de hoy”, ha rematado este martes.
Sánchez se querella contra Peinado por su “injusto proceder” contra él
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes también se ha referido a la querella presentada por la Abogacía del Estado contra Peinado por prevaricación. Desde el Gobierno señalan que esta acción se ha llevado a cabo para proteger la “dignidad de una institución tan importante como es la Presidencia del Gobierno” y después de que se consumara la vulneración del derecho de Pedro Sánchez a declarar por escrito, como recordó el presidente del Gobierno en un escrito la semana pasada.
Además, con esta querella, se persigue, “por supuesto, respetar la labor y la independencia del poder judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley”, ha subrayado Alegría. También, la ministra portavoz ha aclarado que el Gobierno espera que “esto no vuelva a suceder nunca más a ninguna persona” independientemente de la ideología política que tenga quien el día de mañana ocupe la Presidencia del Gobierno de España.
En esencia, la querella pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al juez Peinado por presunta prevaricación, al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”. La Abogacía del Estado confirma acomete esta acción sin que esto suponga “un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto de cualquier ciudadano, sino en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del Magistrado”.
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