El 7 de febrero de 1937, en plena Guerra Civil, más de 120.000 personas salieron a pie desde Málaga hacia Almería huyendo del conflicto después de conocer que la ciudad estaba a punto de caer ante el bando franquista. Miles de malagueños y desplazados que habían llegado huyendo de pueblos y ciudades, como Sevilla y Cádiz, que ya habían caído, iniciaron la ruta. Hombres, mujeres y niños salieron casi con lo puesto para escapar de la barbarie y de las bombas que asediaban a Málaga con cada vez más intensidad, pero las bombas les siguieron.
Antes de la toma de Málaga por las tropas sublevadas, auxiliadas por las tropas italianas facilitadas por el gobierno de Mussolini y la aviación alemana del III Reich, bombardearon toda la costa desde Málaga a Almería fue atacada por mar y aire con el objetivo de eliminar las defensas militares republicanas. El Gobierno Civil malagueño empezó a estudiar la posibilidad de una evacuación ordenada de los refugiados hasta Almería, pero las bombas que llegaban por mar y aire precipitaron los acontecimientos y la huida desesperada y desordenada.
Durante su viaje, conocido como ‘La Desbandá’, los civiles que marchaban a pie fueron masacrados con bombas y cañonazos del ejército sublevado con ayuda de la aviación italiana y alemana. A la cabeza de este ataque, en el que se calcula que murieron entre 3.000 y 5.000 personas, estaban los almirantes Juan Cervera Valderrama, Jefe del Estado Mayor de la Armada en el Cuartel General de Franco, en Burgos; Francisco Moreno Fernández, Jefe de la Escuadra autodenominada “nacional”; y Salvador Moreno Fernández, entonces, capitán de fragata, comandante del crucero “Almirante Cervera”.
Los restos de los tres almirantes que capitanearon la masacre descansan a día de hoy en Panteón de Marinos Ilustres situado en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando en Cádiz. Ahora, se abre un proceso judicial para sacarlos. La Asociación por la Memoria Militar Democrática, representada y defendida por los abogados Eduardo Ranz Alonso y José Antonio Martín Pallín, han formulado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para exhumar los restos de los cuerpos.
El pasado 7 de febrero, coincidiendo con el aniversario de ‘La Desbandá’, los letrados formularon una reclamación previa a la vía judicial por exhibición de símbolos contrarios a la memoria democrática de ante el Ministerio de Defensa. Pero, no obtuvieron respuesta y como consecuencia del silencio administrativo, han iniciado el recurso contencioso-administrativo.
Un movimiento impulsado por los militares
Ranz, uno de los letrados representantes, ha subrayado en una conversación con Infobae España que no se trata de “una pretensión civil y no es un movimiento memorialista al uso, sino que son los propios militares los que, en una pretensión de democratizar el Ejército y por respeto a la institución, no quieren golpistas en el museo”. “Lo que esperamos es que, efectivamente, pues el Ministerio de Defensa acabe emitiendo una resolución en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y ordenando la exhumación de estos tres cuerpos”, ha añadido.
El letrado también ha aclarado que, en caso de que los descendientes de los tres almirantes traten de posicionarse en contra, como ya ha ocurrido en procesos similares, su intento será inútil, ya que “a estos efectos es irrelevante porque la titularidad es del Ministerio de Defensa”.
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