El acceso a los anticonceptivos cambia en cada comunidad autónoma: de la cobertura universal al criterio profesional

La accesibilidad y calidad de la atención a la salud sexual es desigual en el territorio español. Es la principal conclusión del último informe de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, en el que evalúa el estado de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas. Se trata de “un buen predictor de lo que ocurre con la salud sexual, asegura Raquel Hurtado, subdirectora de SEDRA y coordinadora de la investigación.

En ese sentido, la financiación de los costes de la anticoncepción depende de la región en la que se viva. Carlota San Julián, enfermera, sexóloga e investigadora, insiste en que “es importante que las personas tengan acceso gratuito a la anticoncepción de larga duración”, pues son los métodos más óptimos y efectivos. Sin embargo, existen barreras que dificultan el acceso a las personas que desean utilizarlos.

Actualmente, nueve de las quince comunidades autónomas han eliminado de manera universal el coste de los anticonceptivos de larga duración, tanto el dispositivo intrauterino (DIU) como el implante subdérmico. Estas son Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Cantabria, Murcia, La Rioja y Navarra. Mientras tanto, regiones como Castilla-La Mancha y País Vasco solo financian el DIU. El resto van “a criterio profesional”.

El caso más particular según San Julián es el de Cataluña, en el que la eliminación del coste de los métodos anticonceptivos se dirige a personas con capacidad reproductiva menores de 29 años. Fuera de ese rango de edad, solo pueden acceder aquellas que cumplen una serie de criterios médicos, como problemas ginecológicos, en los que el DIU sea “una pauta más como tratamiento que como método anticonceptivo”. También se dirige a personas en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la anticoncepción de urgencia, es decir, el acceso a la píldora anticonceptiva, existen comunidades que solamente la dispensan en los servicios de urgencia hospitalaria y ante un caso de agresión sexual. En otras, se ofrece de manera generalizada, pero en servicios a los que no puede acceder toda la población. Es el caso de Castilla y León, que cuenta con las conocidas como unidades de atención a la mujer, pero solo están presentes en Burgos, León y Salamanca.

Ocho comunidades carecen de planes de atención a la anticoncepción

Los resultados del estudio, presentados este martes en Madrid, muestran un importante desconocimiento del sistema de la anticoncepción en España tanto por parte de los usuarios como de los mismos sanitarios. A través de cuestionarios y entrevistas en profundidad con profesionales de la salud y funcionarios de la administración encargados de la gestión de estos servicios, así como una revisión de los documentos públicos disponibles, SEDRA ha elaborado un mapa de la anticoncepción en España (disponible en mapaanticoncepcion.es), que revela las fortalezas y deficiencias de los sistemas de cada región.

Dan una evaluación “mejorable” a la atención a la salud sexual en España, donde tan solo dos regiones tienen un sistema “excelente”. Lejos de adoptar un enfoque punitivista, el objetivo, asegura Hurtado, es “contribuir a la promoción de aquellas comunidades autónomas” con peores datos “que necesitan un empujón”.

Hurtado insiste en que “no hay una única manera de hacerlo bien” y, mientras algunas comunidades apuestan por la creación de centros de atención especializados, otras concentran sus esfuerzos en la atención primaria. En el mapa español, las investigadoras han destacado como paradigmáticos los casos de Aragón y La Rioja, con una valoración excelente, así como el de Cataluña, con una atención óptima. Estas tres comunidades cuentan con políticas específicas respecto a la anticoncepción, un circuito de atención organizado y otorgan un peso fuerte a la matrona dentro de la atención primaria, tres aspectos clave para el buen funcionamiento del sistema de salud sexual.

No obstante, advierte de que existen regiones que “tienen la puntuación que tienen en algunos criterios casi por comparativa” frente al resto y que existe margen de mejora en la información de los usuarios y la formación de los usuarios. Así, cabe destacar que tan solo siete comunidades cuentan con una estrategia o programa de atención a la anticoncepción y/o a la salud sexual: Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia. Mientras, Galicia y Madrid han elaborado guías y documentos de consenso para “estandarizar la práctica clínica”, sin llegar a emprender el proceso de planificación como tal. Además, ocho comunidades carecen todavía de planes al respecto y “se encuentran a la espera de que se despierte en sus correspondientes gobiernos la voluntad política necesaria” para desarrollarlos. Son Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Baleares y Navarra.

Ante la falta de planificación, explican, existen regiones que funcionan “por inercia”, como Galicia, que mantiene desde 1985 sus centros de orientación familiar y “han ido funcionando con persona que están contratadas desde el principio”. Otras, como Andalucía, viven a día de hoy una situación de colapso. “Los centros de orientación familiar desaparecen, la anticoncepción se pone en el circuito de atención primaria y entre medias, como no se da estructura al sistema, de alguna forma todo hace aguas”, relata Hurtado.

La matrona, el perfil referente en la anticoncepción

Tanto SEDRA como los profesionales entrevistados coinciden en que las enfermeras especialistas en Obstétrico-ginecología, conocidas como matronas, son una figura referente en la atención anticonceptiva. Sin embargo, su papel se ve muy limitado en la práctica. Primero, porque no pueden prescribir fármacos y segundo, porque la falta de profesionales impide que asuman este papel en algunas comunidades. “En Cantabria, por ejemplo, ha disminuido mucho la tasa de embarazos y sí pueden dar esa cobertura, pero en Asturias decían que eran entorno a 120 matronas”, explica San Julián.

Desde SEDR reivindican la necesidad de potenciar el papel de las matronas para mejorar la accesibilidad a la información de los servicios de anticoncepción.