La multa de Consumo a las aerolíneas de bajo coste moviliza a los viajeros y abre la puerta a un verano de reclamaciones por pagos indebidos

La imagen se repite a menudo en los aeropuertos. Pasajeros resignados que deben pagar un cargo extra por viajar con equipaje de mano, por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto o por sentarse junto a una persona dependiente. Y, de momento, pese a la sanción de 150 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso la semana pasada a Ryanair, Easyjet, Vueling y Volotea por considerar abusivas este tipo de prácticas, parece que esa imagen se seguirá produciendo este verano en los aeropuertos españoles, porque la multa no es firme y las aerolíneas aseguran que la medida “atenta contra la libertad tarifaria” y la “capacidad de elección de los consumidores”.

Pero aunque, de momento, las aerolíneas no tengan que pagar la multa y continúen cobrando por el equipaje de mano, la sanción del ministerio “es igualmente importante” porque ha servido para dar un toque de atención a las compañías de bajo coste y para movilizar a los consumidores, explican desde Facua-Consumidores en Acción. “La multa ha causado conmoción en el sector aéreo, ha provocado un revuelo enorme, y eso ya tiene un efecto claro. Y si, por ejemplo, la multa finalmente se quedara en 30 millones, miles de consumidores podrían recuperar su dinero porque partimos de que la práctica es ilegal, tal y como apunta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 2014″, indica a Infobae España el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Esa sentencia establece que el equipaje de mano es un “elemento indispensable” para los pasajeros y, por lo tanto, no puede ser objeto de cargos adicionales.

Por ello, Sánchez considera que el de 2024 va a ser un verano en el que habrá numerosas reclamaciones por parte de los viajeros. Además, a partir de ahora tendrán más fácil reclamar los cobros indebidos del equipaje de mano, ya que Facua ha puesto en marcha esta semana una plataforma de afectados a la que pueden sumarse desde su página web. La vía para poder recuperar el dinero, indican, es “a través de una demanda ante un juzgado de primera instancia donde se reclama la ilegalidad del cobro por parte de las aerolíneas”.

“Se trata de demandas judiciales individuales, en vez de una colectiva, porque lo que planteamos es que no cueste dinero a nadie y que sea un proceso más rápido. Es decir, si ya tienes la demanda redactada, puedes ir al juzgado para que la envíe al de primera instancia que corresponda y este requerirá a la compañía aérea que responda, y después valorará si se celebra vista o no. Si la compañía aérea no pide vista, el juez puede dictar sentencia directamente”, aclara Sánchez, que indica que en la plataforma irán informando a los afectados de cóo evoluciona el tema.

Facua asegura que si miles de consumidores batallan en los tribunales “sin coste alguno”, porque no están obligados a ir con abogado ni procurador, “posiblemente el sector se vea abocado, cuando vayan sucediéndose y trascendiendo públicamente las sentencias favorables a los consumidores, a erradicar la práctica y a dejar de cobrar un extra”.

Asimismo, Facua interpondrá nuevas denuncias ante las autoridades de consumo autonómicas para reclamar la aplicación de una sanción económica por cada asociado que sufra estas irregularidades. “Se trata de que cada comunidad autónoma se vea en la situación de que tenga que multar a cada aerolínea tras la denuncia concreta de un consumidor y vamos a pedir multas de miles de euros por la infracción mediante la aplicación de una cláusula abusiva al consumidor”, dice Sánchez.

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Multa de 100 millones de euros a Ryanair

La organización también ha informado este miércoles de que la multa de Consumo a Ryanair por el recargo del equipaje de mano y otras irregularidades supera los cien millones de euros, por lo que se convierte en la sanción más alta de las impuestas hasta la fecha por las autoridades competentes en el ministerio.

Hasta ahora, la multa más elevada era los 6,23 millones que la Junta de Andalucía aplicó a Movistar en 2016 por la subida de tarifas de sus paquetes Fusión, que lanzó al mercado con la promesa de que las mantendría “para siempre” y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo a 1,53 millones, señala la organización en un comunicado. Tras esta rebaja lideró las sanciones la de 3,15 millones impuesta en 2017 por la Junta de Andalucía a Unicaja por la cláusula suelo hipotecaria.