Multas de hasta 600.000 euros y adiós a la presunción de veracidad: los policías se rebelan contra el rescate de la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza, es una de las tareas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez tras caer en saco roto la legislatura pasada. Ahora, Sumar y Unidas Podemos presionan para resucitar una polémica iniciativa que en sectores de la Policía Nacional ven como una “miserable provocación”.

Los agentes han vuelto a mostrar su rechazo a la propuesta tras conocer el endurecimiento de la reforma impulsado por el partido que lidera Ione Belarra. En una Proposición de Ley registrada la pasada semana en el Congreso de los Diputados e independiente a la presentada por Sumar a principios de este mes de mayo, la formación morada propone incluir en la ley como infracciones “muy graves” hasta 14 actuaciones de los funcionarios policiales, que serían castigadas con multas de hasta 600.000 euros.

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Según el texto de la Proposición de Ley registrada por Podemos, al que ha tenido acceso Infobae España, entre esas 14 infracciones figuran comportamientos como “el uso de pelotas de goma o cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones, lesiones graves o la muerte de una persona; impedir la grabación de las actuaciones policiales o requisar material gráfico sin orden judicial; así como obstaculizar gravemente el ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales”.

Sanciones de entre 250.001 y 600.000 euros

Además, la propuesta de Podemos, ahora en el Grupo Mixto de la cámara baja, reaviva la polémica sobre el posible adiós a la presunción de veracidad de los agentes a la hora de manifestar hechos en un atestado policial. En ese sentido, uno de los puntos considerado como infracción “muy grave” y que conllevaría una sanción de entre 250.001 y 600.000 euros sería el siguiente: “Levantar falso testimonio, inventar o manipular hechos para sostener un delito o acusar falsamente”.

La doctrina de la presunción de veracidad afecta al nivel de credibilidad de los agentes de policía en los procedimientos penales y con ella se asume que las declaraciones de los agentes en las actas de los atestados son verdaderas y no necesitan ser corroboradas por otras pruebas.

Tras conocer el texto de la Proposición de Ley, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha afirmado que partidos como Sumar y Podemos “quieren convertir a los policías en sus víctimas” y es una “miserable provocación para los 225.000 profesionales de todos los cuerpos de seguridad”, ya que sus propuestas “intentan extender el manto de la sospecha” sobre ellos.

Cabe recordar que la reforma de la ley mordaza decayó en la Comisión del Congreso en marzo de 2023 tras el voto en contra de ERC y EH Bildu, que consideraron “insuficiente” el texto pactado entre PSOE, Unidas Podemos y PNV. “Es una reforma light y edulcorada”, llegaron a argumentar.

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Uno de los efectos que ha tenido la norma desde su aprobación es el descenso progresivo de las identificaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen en las calles. Hace ocho años, cuando se aprobó esta ley, las identificaciones realizadas fueron 31.730 (una media de 87 cada día), un 43% más que las 17.818 registradas en 2023, con una media de 48,8 al día.