La empresa Urbagestión quiere desahuciar a una inquilina de 84 años con renta antigua: le piden una subida de casi el 300%

Mari Carmen tiene 84 años y lleva viviendo en la misma casa, en el barrio madrileño de Ibiza, desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de renta antigua. Pero este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle porque la inmobiliaria Urbagestión pretende desahuciarla. La empresa le exige un alquiler mensual de 1.650 euros, cuando hasta ahora pagaba 440 y, en caso de que no asuma esa subida, en tres días tendrá que abandonar la casa en la que ha residido durante 68 años. Se trata de un incremento del 275% del alquiler.

Tras la muerte del padre de Mari Carmen, el contrato de alquiler se subrogó en su esposa, quien continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Fue así como Mari Carmen heredó el contrato, subrogándose durante casi 20 años en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al Índice de Precios al Consumo más otros gastos como el Impuesto de Bienes Inmuebles, explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

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En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España, y dos años después los nuevos dueños ofrecieron a Mari Carmen comprar el piso, pero la pensionista era imposible pagarlo, más aún teniendo en cuenta que el barrio de Ibiza, ubicado cerca del Retiro, se ha convertido en uno de los más caros de Madrid. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., “y ahí comenzaron los problemas”, asegura el sindicato.

“Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario, notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007″. Poco después la llevaron a los tribunales y la justicia dio la razón a la inquilina en primera instancia, si bien los administradores “no cejaron en su empeño de desahuciar a la pensionista, recurriendo una y otra vez, hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón el pasado mes de marzo”.

El motivo, añade el sindicato, es que la segunda subrogación del contrato, una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge, sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65% y, en el caso de Mari Carmen, que tiene movilidad reducida debido a varias operaciones en la cadera, su discapacidad es del 50%.

“De nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada”, denuncia el sindicato, que ha acompañado a la anciana durante este proceso. Se trata de “una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil”, lamentan.

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Maricarmen ha anunciado su decisión de permanecer en la casa en la que ha vivido casi siete décadas “cueste lo que cueste”, convencida de que “no sólo le asiste el derecho, sino que con ello impide que los nuevos propietarios puedan incrementar el precio del apartamento”.

Muchas personas se niegan a aceptar el “chantaje”

“Son ya cientos de inquilinas las que, cuando su casero les obliga a elegir entre una subida abusiva del precio o el abandono de la vivienda, se niegan a aceptar el chantaje y resisten en sus casas, pagando el mismo precio que venían abonando hasta entonces, o depositándolo ante el juzgado en el caso de que sea rechazado por el propietario”, argumenta el sindicato, que asegura que es la “única forma efectiva” de frenar la escalada de los alquileres en ciudades que, como Madrid, se niegan a aplicar la regulación de precios prevista en la Ley de Vivienda estatal.

También recuerdan que cada vez son más las personas de avanzada edad, titulares de alquileres de renta antigua, que acuden a sus asambleas denunciando acosos e intentos de estafa por parte de la propiedad, a menudo inmobiliarias y fondos de inversión que han comprado recientemente sus viviendas.

Por todo ello, desde el Sindicato de Inquilinas están promoviendo la denominada “enmienda Mari Carmen”: una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la protección de las inquilinas de renta antigua. Se trata de eliminar el límite de dos años que la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé para las descendientes del subrogado que no cumplen el requisito del 65% de discapacidad, “una reforma legislativa simple” que ayudaría a que muchos pensionistas no se tuvieran que enfrentar a estos problemas, concluyen.