Los Veintisiete acuerdan las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda con planes ajustados a cada país

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han cerrado este miércoles un acuerdo para reformar las reglas fiscales tras cuatro años congeladas por la pandemia. El nuevo marco establece nuevas sendas de reducción del déficit y de la deuda y se centra en un nuevo indicador clave: el crecimiento neto del gasto primario neto, aunque también da más margen a los países para diseñar sus sendas de ajuste. La reunión, que se ha celebrado por videoconferencia, ha sido “intensa y productiva”, según palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha sido la encargada de organizar las negociaciones al ostentar España la presidencia del Consejo de la UE.

El pacto se ha alcanzado un día después de que Francia y Alemania llegasen a un acuerdo sobre las grandes líneas de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El texto ha contado con el visto bueno de todos los países, pese a las reticencias de Italia hasta hace pocas horas. Calviño reconoce que “no ha sido fácil”, pero valora positivamente el acuerdo alcanzado.

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Según Calviño, el nuevo pacto protege las inversiones públicas en los ámbitos verde, digital y de defensa y dispone unas pautas “fácilmente aplicables” para “un crecimiento más sostenible e inclusivo”. El texto se articula en torno a cuatro tipo de salvaguardas, claves para garantizar la reducción del endeudamiento público, que han sido enunciadas a grandes rasgos por la vicepresidenta. Estas consisten en: reducir las ratios de deuda sobre el PIB; generar un espacio fiscal “suficiente” por debajo del objetivo del 3% de déficit; garantizar un impacto anticíclico de todo el sistema de reglas y proteger las necesarias inversiones en áreas prioritarias para las políticas europeas.

Esto se traduce en umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual de la ratio de deuda para los estados con deuda superior al 90% y de 0,5% para los que estén entre el 60% y el 90%. A esto se suma un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB, por debajo del 3%, en el brazo preventivo, y una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de extensión de cuatro a siete años de los planes de ajuste.

Otra novedad es que se establece un régimen transitorio hasta 2027 que “suaviza” el impacto de la rápida subida de los tipos de interés y el impacto, por tanto, sobre la carga de intereses de la deuda pública, protegiendo el margen fiscal necesario para desarrollar las inversiones.

Planes de ajuste cada cuatro o siete años en busca de mayor cumplimiento

Calviño ha afirmado que el pacto no solo “asegura estabilidad y crecimiento”, sino que las normas son “equilibradas”, “realistas” y se ajustan a los “desafíos presentes y futuros”. La vicepresidenta primera insiste además en que las nuevas reglas tendrán “mejor cumplimiento” porque las condiciones “estarán alineadas con las prioridades de los gobiernos” y sus necesidades específicas. Esto hace referencia a los planes de ajuste de cada país, que serán inicialmente de cuatro años, prorrogables otros tres, según ciertos parámetros.

El acuerdo ha llegado tras nueve meses de negociaciones y deja atrás unas normas reiteradamente incumplidas por varios países. Para facilitar la transición al nuevo marco, se establece además un tratamiento especial de las reformas e inversiones de los Planes de Recuperación Next Generation, así como de la cofinanciación nacional de otros fondos europeos.

Tras el consenso alcanzado este miércoles, se iniciarán los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional en la que participan el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En esa fase se desarrollarán trabajos técnicos para completar el texto jurídico y se presentará finalmente ante el Comité de Representantes Permanentes de los estados miembros (Coreper) para su aprobación. El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025.