La ONU ha exhortado al Gobierno de España a que lidere las acciones necesarias para asegurar la preservación de la Memoria Histórica. Esta solicitud responde a la preocupación suscitada por las denominadas ‘leyes de concordia’ impulsadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana, y Castilla y León. Los expertos del organismo argumentan que estas normas podrían encubrir las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el franquismo.
El ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, con Ángel Víctor Torres como ministro de Memoria Democrática, presentó una denuncia ante la ONU. Los relatores internacionales le dan la razón, alegando que la supuesta ‘concordia’ podría limitar el acceso a la verdad sobre los abusos cometidos durante la dictadura y la Guerra Civil española, así como diluir la responsabilidad sobre estos hechos históricos, al no mencionar o condenar específicamente al régimen de Francisco Franco.
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Los especialistas de la ONU han identificado que estas legislaciones promueven la eliminación de diferentes iniciativas dedicadas a la Memoria, como proyectos, sitios web y actividades, lo que representa un riesgo para la libertad de acceso a la información. Destacan, además, la importancia de distinguir y reconocer adecuadamente a las víctimas de Derechos Humanos, criticando cualquier intento de igualar los crímenes de la dictadura con otros delitos cometidos en España a lo largo del siglo XX.
La recomendación de la ONU enfatiza que preservar la memoria colectiva es un deber de todos los poderes e instancias gubernamentales tanto a nivel nacional como regional y local para evitar el surgimiento de narrativas revisionistas o negacionistas. El informe ha sido suscrito por Fabian Salvioli, Aua Baldé, y Morris Tidball-Binz, quienes ocupan puestos relevantes en la supervisión de la promoción de la verdad, justicia, reparación y la no repetición de actos inhumanos, así como en la investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.
Responsabilidad de España si no se actúa
Recientemente se pronunció sobre esto el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para quien “‘concordia’ una palabra demasiado hermosa para dar nombre a una ley que lo único que hace es blanquear y legitimar el franquismo y una dictadura cruel que sufrió España”. Así se expresó en respuesta a declaraciones del vicepresidente primero de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, quien dijo que Sánchez podría recurrir la ley autonómica “hasta el tribunal intergaláctico que desee”.
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El Gobierno ya ha reaccionado sobre la petición de la ONU, que recibe con satisfacción. En una nota, subraya que “en su contundente informe, este organismo señala que la violación a los Derechos Humanos detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa”. “Trasladada esta advertencia -avanza-, pediremos a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas”.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León quieren burlar, tiene como objetivo reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007 y busca profundizar en el reconocimiento y en la ampliación de derechos a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante esos periodos. Entre sus principales medidas se encuentra la anulación de los juicios políticos franquistas, la creación de un censo de víctimas del franquismo o la resignificación del Valle de los Caídos, ya denominado Valle de Cuelgamuros.
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