Orden de desahucio del fondo buitre Cerberus a una abuela y su nieto en Madrid tras pagar la vivienda durante 20 años

“Cada día vuelvo a casa con la duda de si podré abrir la puerta”, dice Ligia, de 66 años, durante una llamada telefónica. Después de tanta lucha negándose a abandonar su hogar, teme lo peor cada vez que regresa del trabajo. Hace 17 años, la mujer compró una casa que al tiempo se vio obligada a dar al banco, aunque conservó un contrato de alquiler. La entidad bancaria terminó vendiéndola a un fondo buitre que ahora quiere desahuciarla mediante la no renovación del contrato. De nada han servido dos décadas de alquileres e hipotecas mensuales que siempre llegaron, es un peón de un tablero de ajedrez. Por ahora, los propietarios ni siquiera atienden las ofertas de compra que ha hecho la mujer para intentar solucionar el embrollo y conservar su domicilio.

Ligia compró un piso en Fuenlabrada en 2007 y el 2 de febrero de ese año entraba en la vivienda como propietaria. Por aquel entonces, la mujer firmó una hipoteca con Banco Sabadell y adquirió el inmueble por 156.000 euros. Una casa de tres habitaciones, cerca del metro y las principales líneas de autobús, pero la crisis económica tenía otros planes y desbarató el futuro de la mujer, que está tan solo a unos meses de la jubilación. Ahora, se niega a abandonar el piso y aunque la propiedad ha dado por rotas las negociaciones y el contrato expiró hace tres años, ella aún envía todos los meses el alquiler como señal de buena voluntad. No quiere okupar la vivienda, quiere tener un contrato y tener garantizada la estabilidad.

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En 2015, Ligia se vio desempleada y forzada a vender su casa en dación en pago. El banco se quedó con la vivienda y le permitió mantenerse en el piso con un alquiler social, que mantuvo hasta que el Banco Sabadell se deshizo de la propiedad en una macrooperación llevada a cabo en 2018. Entonces, la entidad bancaria formó junto a Cerberus, fondo de inversión de EEUU y uno los grandes tenedores del mercado inmobiliario, la sociedad Coliseum Promontoria, de la que la compañía norteamericana es dueña al 80%. En total, Sabadell se deshacía así de 61.000 inmuebles, en su mayoría casas. En el caso de Ligia, el piso cambió de propietarios mientras ella aún vivía all con su nieto, del que quedó a cargo desde que tenía nueve meses.

Una vez que el piso quedó en manos de Cerberus, uno de los fondos buitre más grandes del mundo, los nuevos dueñoso no quisieron oír hablar de alquiler social. El contrato tenía fecha de caducidad y la mujer, sin alternativa habitacional, no tuvo réplica por parte de la compañía, que no negoció y pidió su salida. “Es una situación muy dura, es horrible”, dice la mujer a Infobae mientras toma un breve descanso de su jornada laboral como empleada de hogar por cuenta ajena.

“Este perfil se ve repetido en muchas ocasiones. Cerberus ya no hace contratos de alquiler, las vacía y las vende a otros fondos, grandes y pequeños compradores. Están de retirada para hacer caja”, explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), acostumbrados a ver historias como la de Ligia. Este fondo no tiene otra intención que hacer negocio de la vivienda.

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Cerberus, un gigante que acumula viviendas

Como esta mujer, son muchos quienes se vieron cambiados de dueños cuando Cerberus entró en el mercado inmobiliario de España. El BBVA montó Divarian junto al fondo buitre y el Banco Santander creó Manzana Global Licata. Solo con estas dos operaciones, junto a la de Banco Sabadell que afectó a Ligia, Cerberus adquirió en 2018 de un plumazo casi 150.000 inmuebles por todo el país.

En la actualidad, Cerberus tiene alrededor de 2.448 viviendas solo en la Comunidad de Madrid. Solo le superan Renta Corporación (2.916), CaixaBank (4.772), CBRE (4.848), el Ayuntamiento de Madrid (7.000) y Blackstone (13.125), el principal propietario de la ciudad.

“Los bancos segregaron los bienes de su activo y los aportaron a estas sociedades. Las crearon, engordaron y luego vendieron, el 80% de las participaciones da un fondo oportunista, ahorrando así pagar el impuesto de la plusvalía, el impuesto de transmisiones o las tasas de inscripción en el Registro de la Propiedad”, explican desde el Observatorio CODE.

Mientras el conflicto se encalla, Ligia no pierde la fe ni la esperanza. Espera que Cerberus acepte su oferta para volver a hipotecarse en un piso que, a trancas y barrancas, lleva bajo su cuidado y custodia desde hace 17 años. “En este piso he hecho hasta reformas que he pagado yo, me daría mucha pena tener que irme”, reconoce la mujer, que al terminar la llamada tendrá que volver al trabajo.