
El Consejo de Ministros aprobó este martes la tramitación de un nuevo contrato para deportar a extranjeros en avión. Bajo el eufemismo de “servicios de transporte aéreo de personas en vuelos no comerciales”, el Ministerio del Interior prepara ya la nueva licitación para enviar a sus países de origen a los foráneos que tengan orden de expulsión. El coste presupuestado es de 16,3 millones de euros. El contrato actualmente en vigor fue adjudicado en enero de 2023 por 9,9 millones de euros y vence este verano.
Realmente, los vuelos que se van a contratar son de varios tipos. En primer lugar, se trata de viajes dentro de territorio nacional para trasladar a “aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento, o que estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a otros”. Por ejemplo, migrantes en situación irregular que han arribado en patera a Canarias e Interior decide que deben ser trasladados a la península.
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En segundo lugar, vuelos que trasladen a “ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los que pesa una orden de expulsión forzosa del territorio nacional, que en ejecución de la misma deben ser trasladados a sus países de origen”. No hay que olvidar que la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, ‘sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’ contempla la deportación de aquellos “extranjeros que cometan infracciones muy graves o los extranjeros condenados por determinadas conductas dolosas, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y en virtud de resolución motivada”. En todos los casos, los extranjeros siempre van acompañados en estos vuelos de funcionarios policiales. Los agentes no pueden ir armados y cobran unas dietas especiales si viajan fuera de España.
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Interior, alegando razones de seguridad, no suele dar información de estos vuelos. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el ministerio obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluido siempre como requisito en todos los contratos. No habrá excepciones en la nueva licitación, que recogerá una cláusula específica que obligará a las compañías a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad” en lo relativo a “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.

Según los datos que maneja la agencia EFE, hasta junio de 2023 se habían ejecutado 1.942 expulsiones y devoluciones. En 2022 fueron 3.642 y en 2021, 3.594. Las cifras de estos últimos tres años están muy alejadas de las que se registraban antes de la pandemia: 11.153 personas expulsadas o devueltas en 2019 y 11.384 en 2018. Lo que refleja que, después de que los vuelos quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años previos. El Gobierno tampoco desglosa las cifras por nacionalidades. Hacerlo, argumenta, podría generar “problemas” en las relaciones exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas embajadas y consulados, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”.
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9.900 euros la hora de vuelo
A la espera de que se redacte el pliego de condiciones, Interior suele estipular el coste de los viajes en función de varios parámetros: las horas de vuelo, un suplemento por posicionamiento de los aviones cuando los viajes se inicien en cualquier aeropuerto distinto al de Barajas, y la hora de estancia en tierra en determinadas situaciones. Así, por ejemplo, si el avión fletado tiene un máximo de 75 plazas el coste por hora de vuelo es de 9.900 euros. La hora de permanencia en tierra son 1.500 euros extras. Si el vuelo sale desde Canarias el suplemento es de 14.000 euros.
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La Comisaría General de Extranjería y Fronteras realiza al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en este periodo de tiempo, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas. Esta previsión, de carácter meramente informativo y sin valor vinculante, tiene por objeto facilitar una gestión eficaz de los recursos por parte del adjudicatario, que actualmente es la UTE Evelop-Air Nostrum. Interior solicita estos vuelos con una antelación mínima de 48 horas para traslados nacionales y de ocho días naturales para los vuelos internacionales.
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