La Policía Nacional lanza una gran licitación de 40 millones para contratar traductores para sus investigaciones y escuchas telefónicas

El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana que el Ministerio del Interior empiece a licitar un nuevo contrato para que la Policía Nacional siga contando con un servicio de intérpretes que le ayude en la “traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos del castellano, en el marco de las actuaciones e investigaciones policiales”. El importe del contrato, 39,7 millones de euros, es mucho más alto del que está actualmente en vigor.

El que rige hoy en día fue adjudicado en agosto del año pasado por 11.905.600 euros. El servicio empezó en octubre de 2023 y tiene una duración de 14 meses, es decir, hasta diciembre de 2024. Pero Interior ha querido ser previsor porque el montante total del coste del contrato se está agotando antes de lo previsto (la hora de traducción se paga a 26,6 euros) y el Gobierno quiere que esta licitación, siempre tan delicada, esté lista cuanto antes. De hecho, el primer contrato tramitado sobre este servicio de traducción de manera independiente comenzó el 1 de junio de 2022 y finalizaba el 30 de noviembre de 2023, pero el presupuesto se agotó antes de esa fecha y hubo que adjudicar un nuevo en agosto.

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Actualmente, con el contrato en vigor, la Policía Nacional puede solicitar traductores en varios idiomas divididos en categorías según la frecuencia de uso: inglés, francés, alemán y árabe estándar en el tipo A; chino, japonés, ruso, portugués, rumano, italiano, polaco y neerlandés en el tipo B; y otros idiomas, dialectos árabes y lenguas cooficiales de España en el tipo C. Y es que el crimen organizado no habla una sola lengua. Entre los requisitos, las empresas adjudicatarias deben asegurar que los trabajadores cumplen con la confidencialidad de los servicios prestados. No hay que olvidar que estos profesionales escucharán conversaciones intervenidas por orden judicial, algunas de ellas relacionadas con el terrorismo. Interior también piden la titulación y experiencia propia del idioma que se requiere.

El nuevo contrato repetirá con toda seguridad las condiciones del que está en vigor: los traductores deberán estar disponibles las 24 horas de todos los días del año. Cuando sean reclamados, los traductores tienen que presentarse en la dependencia policial requerida en un tiempo máximo que oscila entre los 90 minutos y las cuatro horas, dependiendo del idioma para el que se le reclame y la distancia existente entre el lugar donde deba prestar el servicio y la capital de la provincia. La experiencia, en base a los datos de servicios prestados en anteriores expedientes, revela que el 96 % de los traductores son requeridos en dependencias policiales situadas en la península e Islas Baleares y solo el 4% en Islas Canarias, no habiéndose requerido hasta el momento este servicio en Ceuta y Melilla.

La Ley Orgánica 5/2015 tenía previsto crear el registro oficial de traductores e intérpretes del ámbito penal. La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) lamenta que este proyecto no haya salido adelante, ya que esto hubiera permitido a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la administración de justicia contar con una especie de bolsa de profesionales a los que poder recurrir directamente sin contar con la necesidad de licitar contratos con empresas privadas. El contrato otorgará una puntuación especial a los adjudicatarios que puedan aportar profesionales que hablen otros idiomas especiales como el serbio, el bambara, el bengalí, el iraní, el persa, el farsi, el armenio y el igbo. Estas lenguas son propias de territorios del África, La India, Irán, Armenia y Nigeria.