Moncloa se da de plazo hasta junio para acordar con el PP la renovación del CGPJ pese a la incertidumbre por la mediación europea

Además de ser un mandato constitucional, el ministro de Justicia pone también el foco en el coste económico del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que supera los 12 millones anuales

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Esteban González Pons (PP), Didier Reynders (Comisión Europea), y Félix Bolaños (Gobierno), durante una reunión para desbloquear la renovación del CGPJ en el Parlamento Europeo. (Comisión Europea)
Esteban González Pons (PP), Didier Reynders (Comisión Europea), y Félix Bolaños (Gobierno), durante una reunión para desbloquear la renovación del CGPJ en el Parlamento Europeo. (Comisión Europea)

El Gobierno resta importancia a la figura que sustituirá al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al frente de la mediación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En enero de este año, el dirigente comunitario se dio dos meses de plazo para desatascar el bloqueo del PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace más de cinco años.

Si bien, Reynders ya ha pedido una excedencia remunerada como comisario tras ser elegido como candidato a la presidencia del Consejo de Europa, por lo que la Comisión Europea deberá buscar un reemplazo para continuar los trabajos de mediación ante las reiteradas excusas de los populares para acometer este mandato constitucional. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, representante del Gobierno en las reuniones con Reynders y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, dejó claro este martes que seguirá sentado con el PP para renovar el CGPJ aunque Reynders se vaya.

El también titular de la Presidencia dejó en manos del Ejecutivo comunitario la decisión sobre quién cogerá el testigo del comisario de Justicia. No obstante, más allá del quién, en Moncloa apuntan a las elecciones europeas del próximo 9 de junio como fecha límite para la mediación en las negociaciones, aunque hay pocos visos de desatascarse ante un nuevo horizonte electoral, y en pleno choque entre PP y PSOE por los casos de corrupción.

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Asimismo, tanto el Gobierno como el PP evitan explicar el motivo del aplazamiento de la cuarta reunión prevista en Madrid este miércoles, pero en Moncloa señalaron que ni la Comisión Europea ni por parte del Ejecutivo había problemas para que el encuentro se celebrara. Cabe recordar que la última reunión de Reynders con los representantes del Gobierno y el primer partido de la oposición tuvo lugar el pasado 13 de marzo en Estrasburgo (Francia), pero finalizó sin acuerdo, como las dos anteriores celebradas en Bruselas a finales de enero y a mediados de febrero.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (Alberto Ortega/Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (Alberto Ortega/Europa Press)

En las filas populares, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, señaló que la cuarta reunión “simplemente” fue aplazada, garantizando la voluntad de acuerdo de los conservadores es “total”, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene muchas esperanzas en que este nuevo intento para renovar el CGPJ –la “última oportunidad”, como acuñó Bolaños– llegue a buen puerto. “Ojalá, pero los veo muy resistentes”, reconoce otra voz destacada de la parte socialista del Ejecutivo.

El coste del bloqueo: más de 12 millones de euros

En todo caso, Pedro Sánchez sigue convencido de que la única vía para renovar el órgano de gobierno de los jueces es la de llegar a un acuerdo con el PP. “Nosotros seguiremos negociando hasta la extenuación, sobre todo con un mediador”, apostillan estas fuentes gubernamentales. En este sentido, Bolaños volvió a verbalizar este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esta posición.

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“En estos dos meses, tanto la Comisión Europea como nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible”. Si bien, rechazó hablar de un plan B si se mantiene ese bloqueo. Su plan A es “agotar todas las posibilidades de diálogo y acuerdo con el PP”, es decir, “que se cumpla la ley y la Constitución”.

El ministro de Justicia subrayó que “la situación de la Justicia es límite” para concienciar sobre el impacto del bloqueo más allá de desoír la Carta Magna. “El bloqueo del CGPJ cuesta más de 12 millones de euros a los españoles que tenemos que pagar desde el Ministerio para los refuerzos”, acuñó, además de las 25 plazas vacantes en el Tribunal Supremo y los numerosos huecos por cubrir en otros tribunales.

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Las posturas entre ambas partes están aún alejadas, ya que el PP condiciona la renovación a cambiar el sistema de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces. “Para nosotros la renovación del CGPJ es algo capital y vamos a insistir en ello en virtud de principios elementales que hemos expresado y hemos defendido, como es la separación de poderes o la independencia judicial”, subrayó Tellado.

El portavoz parlamentario del PP ve “dificultades” para llegar a un acuerdo con el PSOE, porque “es muy difícil fiarse de él”. “Mientras negociábamos con el PSOE la renovación del CGPJ, al mismo tiempo el señor Bolaños, en la sala de al lado, negociaba con los socios independentistas eliminar de nuestro Código Penal el delito de sedición o abaratar las penas por malversación para beneficiar a sus socios”, recordó acerca del último intento hace poco más de un año.

Por su parte, el Gobierno incide en renovar primero el consejo con la ley actual (el Congreso y el Senado elige a los vocales por una mayoría de tres quintos), ya que la renovación lleva pendiente desde hace más de cinco años, y negociar después una posible reforma de la ley. En Moncloa inciden en que su propuesta va en consonancia con la exigencia de Bruselas, que pide a España renovar de manera “urgente” el CGPJ y proceder posteriormente a la reforma del sistema de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces. De momento, ningún partido se levanta de la mesa, aunque el plazo de la mediación europea se acota a junio.