Sumar propone que Gobierno central y ayuntamientos puedan declarar zonas de vivienda tensionadas y limitar el alquiler

Ha pasado una semana desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del índice de precios de referencia para limitar el coste del alquiler, pero apenas hay comunidades autónomas dispuestas a aplicarlo. Ante las reticencias a su implantación, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, registrará esta semana una iniciativa parlamentaria para dar poder al Estado y los ayuntamientos para declarar una zona de vivienda tensionada. Su propuesta permitirá que los municipios marquen sus propias zonas tensionadas siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y su comunidad autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición.

Son la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana las regiones con mayores zonas tensionadas. Por el momento, Cataluña es la única región que ha aplicado la medida estrella de la Ley de Vivienda en 140 municipios, mientras que solo otras tres (País Vasco, Asturias y Navarra) se han mostrado predispuestas a ello.

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La Comunidad de Madrid es una de las más firmes detractoras a este índice de referencia para controlar los alquileres. El Gobierno autonómico aseguró que no declarará zonas tensionadas “en ningún municipio de la región”, pues hacerlo supondría una intervención del mercado. “Lo único que conlleva es que se suban mucho más los precios”, ha reiterado en varis ocasiones el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Aunque se opine así desde la capital, tres municipios dentro de la comunidad quieren aplicarlo: las localidades de Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe (sur de Madrid) han solicitado la declaración de zonas tensionadas.

“Si los municipios pudieran declarar las zonas de mercado tensionado, los madrileños pagarían hasta un 32% menos de alquiler”, afirma la diputada de Sumar.

Una crisis estructural del acceso a la vivienda

Según recoge la proposición no de ley (PNL) de Sidi, en mayo de 2023 el Consejo de Europa alertó de una crisis estructural del acceso a la vivienda en el Estado español. Para el grupo parlamentario Sumar, “la realidad en materia de vivienda es alarmante”, pues la oferta pública “está bajo mínimos, con un 2,5% de stock” y los precios en el mercado privado continúan al alza. “Las familias empobrecidas siguen a la deriva y la emancipación juvenil permanece hundida, superior a los 30 años de edad”, recuerda el escrito.

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La Ley de la Vivienda deja en manos de las comunidades autónomas la declaración de zonas de mercado tensionado y muchas de ellas han expresado su negativa “incluso teniendo municipios que cumplan los requisitos”. Se consideran territorios en tensión aquellos en los que el coste medio de la hipoteca o el alquiler superen el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona o en los que el precio de compra o alquiler en los últimos 5 años haya subido al menos 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma.

Ante esta situación, Sumar insta a reformar esta norma “para que la declaración de zona de mercado tensionado sea de obligado cumplimiento”. Su cambio otorgaría competencia al Estado o Entes Locales para declarar estos territorios “en caso de que la Comunidad Autónoma no lo haya hecho”. “De tal manera que transcurrido el plazo de seis meses sin resolución autonómica expresa, el Estado o el ente local solicitante quedará encargado de establecer en nombre de la Comunidad Autónoma correspondiente, la regulación del área tensionada propuesta.”