
Una operación conjunta entre la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra ha logrado liberar a 14 personas víctimas de explotación sexual y laboral en Cataluña. La investigación desveló un entramado de prostitución coactiva y trata de personas liderada por un matrimonio catalán que se extendía por varios municipios de la región. Los agentes han detenido esta semana a ocho personas de entre 20 y 48 años, a quienes atribuyen delitos de tráfico de seres humanos relativos a la explotación sexual y contra los derechos de los trabajadores, delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.
La organización, liderada por un hombre y una mujer, captaba a mujeres sudamericanas que posteriormente serían prostituidas u obligadas a trabajar en un centro de atención telefónica clandestino, desde el que ofrecían trabajos precarios a personas que residían en España de forma irregular.
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Según han hecho público este domingo, el pasado 14 de febrero los agentes detuvieron a ocho de los investigados y llevaron a cabo siete registros en las localidades de Barcelona, Calafell, Salou y Cabrils. La Policía y los Mossos clausuraron seis domicilios en los que se explotaba sexualmente a las víctimas. En estos centros, se intervinieron importantes cantidades de estupefacientes, 17.770 euros en efectivo, diversa documentación relacionada con las actividades ilegales, joyas por valor de 30.000 euros y dos vehículos relacionados con la organización.
Se liberaron un total de 14 mujeres, de las cuales ocho eran víctimas de prostitución coactiva, cuatro eran explotadas laboralmente y otras dos eran víctimas de trata. Estas dos últimas se encuentran acogidas por entidades especializadas en la ayuda y recuperación de víctimas de tráfico de seres humanos.
Hacinadas en un sótano y drogadas para potenciar el deseo sexual
El trabajo de los mossos comenzó a finales de 2020, tras identificar en un control policial a dos personas en La Jonquera (Girona) que eran explotadas en un centro de atención telefónica clandestino. Las víctimas viajaban en un coche conducido por el regente de dicha institución ilegal, que a su vez administraba varios prostíbulos distribuidos por toda Cataluña. A raíz de estos hechos, la Unidad Central contra el Tráfico Seres Humanos de la División de Investigación Criminal (DIC) inició las pesquisas. Los investigadores se dieron cuenta de que estas personas aparecían en otra operación de la Policía Nacional, lo que propició la colaboración entre ambos cuerpos.
Los siguientes movimientos se realizan en agosto de 2022, cuando los agentes realizaron una inspección en una casa utilizada como prostíbulo en Salou (Tarragona). Las mujeres que encontraron allí vivían hacinadas en colchones en el sótano, sin calefacción, ventilación ni luz natural. Además, enfrentaban condiciones laborales abusivas. En mayo de 2023, volvieron a realizar una inspección, esta vez en un inmueble de Barcelona, en el que encontraron siete mujeres en situación irregular que ejercían la prostitución “en condiciones infrahumanas”, según los Mossos d’Esquadra.
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“Las mujeres tenían limitadas las salidas al exterior, vivían en condiciones infrahumanas, llegando a carecer en ocasiones de suministros, debiendo estar las 24 horas del día los siete días de la semana disponibles, además de ser sometidas a amenazas y vejaciones”, explica la Policía Nacional en un comunicado. Además, abastecían los prostíbulos de sustancias estupefacientes, así como otros medicamentos para potenciar el deseo sexual o la disfunción eréctil. “Las propias mujeres prostituidas estaban obligadas a venderlas a los clientes y, en caso de que el cliente así lo pidiera, consumirlas también durante el servicio”, aseguran las autoridades.
Jornadas de 15 horas diarias por 1.000 euros mensuales
Varias denuncias anónimas durante los siguientes meses apuntaron a la existencia de un matrimonio que lideraba una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. Se las destinaba a varios prostíbulos en Barcelona, Girona y Tarragona, gestionados a través de un centro de atención telefónica, en el que trabajaban extranjeros en situación irregular en condiciones precarias. Las jornadas llegaban a las 15 horas diarias los siete días de la semana por una remuneración de 1.000 euros. “Sólo gozaban de una hora libre al día y no disponían de gas ni agua caliente, además de recibir amenazas y vejaciones por los responsables de la organización”, detallan los Mossos d’Esquadra.
“Los líderes del entramado captaban a las mujeres que posteriormente serían prostituidas, u obligadas a trabajar en el centro de atención telefónica mediante páginas de redes sociales donde se ofrecía trabajo a personas extranjeras que residían de forma irregular. De este modo, se aseguraban captar a personas en graves situaciones de necesidad y vulnerabilidad, lo que las hacía más idóneas para someterse a los abusos de los líderes y, además, en caso de poder desvincularse de la organización, no denunciarían los hechos por miedo a explicar a la policía su situación irregular”.
Los agentes identificaron a la pareja como cabecillas de la organización criminal. Los ocho detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 16 de febrero de 2024 y los dos líderes de la organización ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, juzgado que tutela la causa.
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