Qué pasa con las pensiones y las subidas de los funcionarios después de haber renunciado a los presupuestos de 2024

Algunas medidas que estaban pendientes se quedarán en el camino, como la ampliación del permiso de paternidad o la revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
(A. Pérez Meca - Europa Press)
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (A. Pérez Meca - Europa Press)

Pedro Sánchez ha renunciado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y eso plantea muchas dudas. Algunas medidas que estaban pendientes se quedarán en el camino, como la ampliación del permiso de paternidad o la revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem). Las grandes dudas que se plantean es qué va a ocurrir con la subida tanto de las pensiones como las del sueldo de los funcionarios. Y ambos colectivos pueden estar tranquilos.

Los pensionistas tendrán su revalorización

Los pensionistas suele ser un grupo que el Gobierno -o gobiernos en general- se molesta en cuidar. Su subida ya está aprobada, por lo que no tienen nada que temer. El Consejo de Ministros celebrado el 27 de diciembre de 2023 aprobó ya el Real Decreto-Ley que incluía su revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social. Fue convalidado el 10 de enero por el Congreso de los Diputados. Esta subida se incluye en la Ley de Seguridad Social, y en su artículo 58 establece que las pensiones se revalorizarán en la misma medida que avance la inflación.

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Por lo tanto, las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán un 3,8% para 2023, que es la inflación media entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Esta fórmula fue establecida en la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales.

El Gobierno prevé que las pensiones se revaloricen un 4% en 2024 por la inflación
  • La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 11.552,8 euros anuales y en 14.466,20 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán como mínimo 10.808 euros y 14.466,20 si tienen cónyuge a cargo.
  • Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 6,9%, y las de viudedad con cargas familiares un 14,1%.
  • Las pensiones no contributivas de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 6,9% para 2024, lo que supone alcanzar los 517,9 euros mensuales, que equivalen a 7.250,6 euros anuales.
  • Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2024 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional.
  • El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas queda fijado para 2024 en 33,20 euros mensuales. Es el resultado de sumar un 5% adicional al porcentaje general de revalorización del 3,8%.

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Con estas subidas, la pensión media de jubilación (1.386 euros mensuales), aumenta 52 euros al mes y 734 euros al año. La pensión media del sistema, considerando todas las modalidades de pensiones y prestaciones (1.200 euros), sube 46 euros al mes y 638 euros al año. En los dos últimos años, la pensión media ha subido unos 2.230 euros.

Funcionarios: la subida llega en abril

El Gobierno, junto con los sindicatos CCOO y UGT, ya acordó una subida salarial para los funcionarios en 2024 y se mantiene pese a que no salgan las cuentas. Y es que, según lo pactado, en el caso de que la inflación superase el aumento de salarios previsto, el Consejo de Ministros se compromete a aprobar un incremento adicional de 0,5 puntos porcentuales, que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024.

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Esta subida será del 2%, con un incremento adicional del 0,5% vinculado a la evolución de la inflación. Este aumento salarial se implementará desde abril de 2024, sin necesidad de esperar a la aprobación de los PGE, gracias a una enmienda incluida en la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis.

El coste de esta medida se estima en 4.746 millones de euros. El proyecto de ley que surge de este decreto se espera que sea aprobado en las próximas semanas por la Comisión de Hacienda y posteriormente remitido al Senado, entrando en vigor a mediados de abril de 2024.