Los cambios en la ley de amnistía: se ampara en la normativa europea para acotar el terrorismo y solo excluye la traición si hay violencia

La enmienda transaccional pactada entre el PSOE, Junts y ERC para aprobar definitivamente la ley de amnistía se ampara en la justicia europea y en cómo esta interpreta el terrorismo. También se vale del borrador de la Comisión de Venecia para señalar que hay 54 Estados donde se han aprobado amnistías y en 12 de ellos no había una mención expresa en la Constitución. De esta forma, el PSOE excluye de la amnistía el terrorismo, pero basándose en la definición y los estándares europeos: estos actos tienen que haber causado graves violaciones de los derechos humanos para quedarse fuera de la norma.

Mientras que el Código Civil tiene una lectura más amplia del delito de terrorismo, la legislación europea lo acota. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la ley entró “impecable” en el Congreso y así es como saldrá, y también ha destacado su amparo conforme al derecho europeo, mientras que Junts y ERC han celebrado el acuerdo y que las negociaciones hayan llegado a buen puerto. La enmienda transaccional se ha aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra en la comisión de Justicia del Congreso, por lo que, previsiblemente, la proposición de ley irá al pleno del próximo jueves, 14 de marzo, según fuentes cercanas a la negociación.

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Terrorismo, traición, malversación y multas

El documento al que ha tenido acceso Infobae España borra las referencias al Código Penal, excluyendo el terrorismo de la amnistía, pero en su definición europea. En concreto, menciona el derecho internacional humanitario y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus artículos 2 y 3, que hablan del derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

En cuanto a los delitos de traición, que también se recogen en el Código Penal, el PSOE, Junts y ERC especifican que quedarán fuera de la ley siempre que se haya producido una “amenaza efectiva y real” y un uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España. En cualquier caso, también aluden a los términos establecidos por Naciones Unidas.

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La malversación también se atiene a nuevas modificaciones. El delito estará cubierto solo si está dirigido a financiar, sufragar y facilitar el procès y siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento. Además, no se considerará enriquecimiento de fondos públicos cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el procès y siempre que no haya existido “propósito de enriquecimiento”.

Así mismo, amplía de enero de 2012 a noviembre de 2011 la aplicación de la amnistía, amparando a todos los acusados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas. En concreto, la modificación abre la puerta a que la Generalitat devuelva las multas leves y graves interpuestas por la ‘Ley Mordaza’ que tengan vinculación con el procès, no así en el caso de las muy graves y siempre que la administración que impuso la multa así lo estime.

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Junts cree que cubre a Tsunami y el caso Volhov

Fuentes de Junts cercanas a la negociación creen que el nuevo texto también cubre a los implicados en el caso de Tsunami, CDR y Volhov. En este último se investigan los contactos con Rusia para apoyar el procès. Estas mismas fuentes señalan que el nuevo texto lo que hace es quitarle el “juguete” a los que utilizan la “amplitud” del Código Penal para acusar a Junts y a Puigdemont de terrorismo. Con todo, abogan por una reforma del Código Penal, aunque sin de momento meter presión al Gobierno.

“Si el juez no aplica esta ley, estará prevaricando”, señalan los postconvergentes, que hacen hincapié en el borrador de la Comisión de Venecia, cuya filtración creen que les ha beneficiado para introducir los cambios aprobados este jueves en el Congreso. Aseguran que el único escollo que había es que entrasen todos, entre ellos, Tsunami, lo que creen que ahora está ya resuelto. En esta ocasión, las negociaciones ya estaban encarriladas desde hace días, y los tres partidos han trabajado “bien” y de la mano para sacar adelante un acuerdo que se traducirá en la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso.