
Los agricultores y ganaderos han empezado el año en pie de guerra. El sector primario en Europa comenzó a salir a la calle -y a la carretera- el pasado mes de diciembre para pedir cambios en las políticas nacionales y de la UE. Esta semana han llegado a diferentes puntos de España provocando movilizaciones y tractoradas en varias comunidades autónomas.
Este sábado también llegan a Ferraz, donde se encuentra la sede nacional del PSOE. La Plataforma 6-F convocó el jueves a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid con tractores este 10 de febrero. “Se va a armar una muy gorda en Madrid. No vais a tener bastante Guardia Civil ni Policía Nacional para frenarnos”, advirtió Lola Guzmán, líder de la Plataforma 6F, en declaraciones a RM Radio. Sin embargo, el ministerio de Interior que dirige Grande-Marlaska ya avisó que no iba a “permitir” que la tractorada llegase hasta la sede de los líderes del Gobierno. Y antes esta situación, las organizaciones agrícolas tradicionales han decidido mantenerse al margen.
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Asaja, COAG y UPA se desmarcan de los ‘outsiders’
Las tres principales asociaciones del sector, Asaja Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se sumaron el jueves a las movilizaciones. Según el calendario oficial conjunto que han publicado en sus respectivas páginas web, las protestas comenzaron este jueves día 8 en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Ellas son las únicas que tienen influencia para determinar las políticas del Gobierno, y según han contado a Infobae España, no acudirán a la tractorada prevista para este sábado en Ferraz.
La Plataforma 6-F ha alentado la movilización del campo a través de grupos de Whatsapp, mensajes difundidos en Telegram y de redes sociales como Instagram. El objetivo es “paralizar Madrid” y “paralizar la economía”, como han asegurado. Para lograrlo, han optado por convocar en la sede del PSOE una ‘tractorada’ este sábado.
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Xaime da Pena, responsable jurídico de la plataforma, director general de dP Abogados, y Lola Guzmán, ganadera valenciana de 52 años, son dos de los rostros visibles de 6-F. Él estaba detrás de la lona de Desokupa desplegada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el que pagó 40.000 euros. Ella es exmilitante de Vox, y es la responsable de que se haya movilizado aparte del sector. Aun así, la organización asegura que es “independiente” y se ha desvinculado de cualquier partido político. Además, han acusado a las organizaciones agrarias tradicionales (ASAJA, UPA y COAG) de convocar “tarde” las protestas.
El campo lleva pidiéndolo “muchos años”

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha explicado a Infobae España que huyen “de cualquier utilización de ninguna formación política”, y remarca que este problema surge “del sector”. “Es muy importante separar el grano de la paja y ser muy consciente de cuáles son las demandas de las organizaciones profesionales agrarias” y aseguran que “deben ser atendidas por las distintas administraciones”. Explican, también, que es “algo que el campo lleva pidiendo muchos años” y que van consiguiendo “poco a poco”.
Desde UPA han subrayado que ellos no son políticos, sino “agricultores y ganaderos” y quieren “que se resuelvan nuestros problemas”. Aseguran que la única forma de poner solución a las demandas del sector es sentarse en las mesas de negociación en las distintas administraciones y que ahí se sentarán para conseguir esas reformas”.
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Los agricultores reivindican, entre otras medidas, controlar las importaciones y regular la “competencia desleal”, Las tres grandes organizaciones coinciden en que el malestar general se debe a los efectos de las últimas reformas en la Política Agraria Común (PAC), un conjunto de normas impulsadas desde Bruselas para constituir una política unificada en materia agraria.
Los agricultores están “hartos”
Agricultores como Rodrigo Gómez, afiliado a ASAJA, aseguran que están “asfixiados” por el auge de los precios. Gómez explica que ha subido “todo”, desde el “abono hasta el gasóleo”, algo que repercute en el consumidor, ya que los precios de los productos están más caros, pero también en ellos. Sin embargo, puntualiza que “pierden dinero”, ya que va a los intermediarios y no a este eslabón del sector primario.
De la misma manera, Guillermo González es un joven de 19 años procedente de Brea de Tajo, un pueblo de la Comunidad de Madrid de apenas 500 habitantes. Él, al igual que su abuelo, y gran parte del pueblo, se dedican a la agricultura. El pasado martes, 6 de febrero, acudió con su tractor a la movilización prevista en Arganda del Rey.
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Tras haber acudido a esta ‘tractorada’, quiere volver a repetir en Ferraz, aunque la tarde anterior a la celebración de la misma, reconoce que no sabe si asistirá porque va a ser una “locura”. El pueblo se encuentra a 70 kilómetros de la capital y según Plataforma 6-F, la protesta tiene asegurada 5.000 camioneros de Madrid.
Guillermo, al igual que el sector agrario reclama precios justos, una reducción de la burocracia y el fin de la competencia desleal de países terceros. “Las políticas agrarias intentan hundir a los agricultores pequeños”, asegura a Infobae España. “Tanto papeleo y burocracia para que los más mayores como mi abuelo hacen que les sea imposible entenderlo”, explica haciendo referencia al cuaderno de campo digital. Esto es, la obligatoriedad de la digitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
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