Los agricultores españoles han tomado las principales carreteras y ciudades del país para protestar por la situación que vive el campo. Los cortes de tráfico y el bloqueo de grandes centros de distribución están pasando factura en las empresas alimentarias. El Gobierno y las cadenas de supermercados, no obstante, han querido lanzar un mensaje tranquilizador para asegurar que el abastecimiento está asegurado. ¿Qué piden los trabajadores del sector?
Las tres principales organizaciones agrarias del país han convocado una cascada de movilizaciones para expresar la “frustración y el malestar” por las condiciones y la burocracia de las normativas europeas. Las proclamas en la calle son diversas, pero la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han unificado posturas para reclamar un “ambicioso plan de choque” que afecta tanto a Bruselas, como al Gobierno y las comunidades autónomas. Los trabajadores del campo reclaman, entre otras medidas, controlar las importaciones, regular la “competencia desleal”, flexibilizar las políticas ecológicas e introducir una serie de cambios en la Política Agraria Común (PAC).
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La PAC es un conjunto de normas impulsadas desde Bruselas para constituir una política unificada en materia agraria. Las protestas no solo han llenado de tractores las carreteras españolas, sino que también afectan a otros países como Francia, Bélgica y Países Bajos. La Comisión Europea (CE), en vistas de la creciente tensión, ha planteado una serie de medidas para responder a las manifestaciones y tratar de calmar las aguas. El órgano comunitario propone, entre otras cosas, retirar el proyecto de ley para reducir el uso de pesticidas y establecer una serie de mecanismos para salvaguardar los productos europeos ante las importaciones ucranianas.
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¿Qué propone von der Leyen?
Las manifestaciones de los trabajadores del campo han colapsado los puntos de entrada y salida de las principales capitales europeas. En este contexto, Bruselas ha planteado una serie de propuestas para tratar de poner fin a las movilizaciones y calmar la situación. La Comisión Europea (CE) propone, en primer lugar, retirar el proyecto de ley para reducir el uso de pesticidas. La presidenta del órgano comunitario, Ursula von der Leyen, anunció el pasado martes que la norma iba a volver a la casilla de salida. El texto planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional y europeo para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos. “La Comisión tendrá que hacer una nueva propuesta mucho más madura, con la implicación de las partes interesadas”, ha añadido.
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La Comisión Europea también ha sugerido la derogación durante 2024 de la norma que obliga a los agricultores de la eurozona a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho. Esta era una de sus principales reivindicaciones. Los trabajadores del sector podrán obviar esta disposición y seguir recibiendo los pagos directos de la Política Agrícola Común. Von der Leyen también adelantó estos días que tiene previsto presentar una propuesta en las próximas semanas destinada a reducir la carga administrativa que tienen que soportar los agricultores europeos. Bruselas también ha planteado extender la suspensión de los aranceles a los productos ucranianos durante otro año más, pero aplicando una serie de salvaguardias en caso de que uno o más países vean afectados sus mercados agrícolas.
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