El director de la oficina del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Josep Alay, ha sido intervenido de urgencia a raíz de una hemorragia cerebral consecuencia de un aneurisma que ya arrastra de la semana pasada. La recuperación está siendo “muy buena”, según ha anunciado el propio Puigdemont a través de la red social X (antes Twitter). “Todavía quedan semanas de incertidumbre que mantendrán de baja por una temporada”, ha precisado.
Alay fue investigado por el caso Volhov, sobre el apoyo de Rusia al procés, y es considerado el enlace entre Puigdemont y el Kremlin. Precisamente, la semana pasada, el abogado Gonzalo Boye presentó un escrito en el que, en nombre de Alay, planteó la recusación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por su “falta de imparcialidad” y la “grosería” en sus interrogatorios.
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Puigdemont ha señalado que, pese a que la reacción a tiempo y el extraordinario trabajo de los profesionales, la recuperación de Alay le mantendrán de baja por una temporada. Ha asegurado que Alay agradece profundamente las muestras de cariño que le llegan.
Caso Volhov
El juez del ‘caso Volhov’ considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña. Así lo indicaba en un auto el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para prorrogar otros seis meses la investigación de este caso sobre supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr el apoyo en el procés.
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Para el juez, se desprenden inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”. En esta pieza separada de la causa, que empezó en 2016, están investigados Josep Lluís Alay, además del informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros. El juez ha dictado la prórroga de la causa a finales de enero.
Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.
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En opinión del juez, Alay y Boye viajaron a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”. Según el magistrado, los contactos con “altas instancias del Kremlin” se llevaron a cabo tanto antes como después de la Declaración UnilateraI de Independencia (DUI) y, tras octubre de 2017, Alay pasó a relevar a Terradellas en los contactos con Rusia, dado que este quedó “inutilizado” por su detención en la primera fase del caso por la presunta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.
“Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos”, asegura el magistrado.
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