El Congreso descartará la petición de PP y Vox para impedir la prórroga de la tramitación de la ley de amnistía

Fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja creen que esta exigencia es “descabellada” y “no tiene ninguna base”, mientras que el PP y Vox alegan que es suficiente como para hacer decaer la norma

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el resto de miembros socialistas de la Mesa de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis e Isaura Leal. (Fernando Alvarado/EFE)
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el resto de miembros socialistas de la Mesa de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis e Isaura Leal. (Fernando Alvarado/EFE)

“No tiene ninguna base”, sostienen fuentes de la Presidencia del Congreso a la hora de referirse a la petición de PP y Vox para impedir que la ley de amnistía regrese a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. La proposición de ley orgánica fue rechazada el pasado martes en el pleno de la Cámara Baja después de que Junts se descolgara ante la negativa del PSOE a incluir las enmiendas de los independentistas para perdonar todos los delitos de terrorismo y de alta traición al Estado asociados al procés catalán.

Si bien, además de la votación de las enmiendas, hubo dos votaciones más: una del dictamen de la Ley de Amnistía y una segunda del texto en su conjunto al tener la norma rango orgánico. En ambas se necesitaba mayoría absoluta, un mínimo de 176 votos. La primera salió adelante con 177 votos a favor, también los de Junts, frente a 172 en contra. La segunda cosechó 171 síes y 179 noes.

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En esta última, los de Carles Puigdemont votaron en contra para impedir que el texto continuara su tramitación en el Senado, pero al salir adelante la votación del dictamen, se da una segunda oportunidad a la ley. “La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, reza el artículo 131.2 del reglamento del Congreso.

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Por ello, la ley volverá al órgano parlamentario correspondiente. De hecho, fuentes de la Presidencia informan de que la Mesa del Congreso formalizará el próximo martes el plazo que tendrán los grupos parlamentarios para introducir cambios en la proposición de ley de amnistía. El tiempo para negociar en la Comisión de Justicia nuevas modificaciones sobre las enmiendas vivas o las transaccionales ya acordadas será de quince días, ya que la ley se está tramitando por el trámite de urgencia. Estas voces deslizan la posibilidad de que el pleno para votar la norma sea a finales de febrero.

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El artículo en el que se amparan el PP y Vox

En concreto, lo que piden el Partido Popular y Vox es que no se siga tramitando la ley de amnistía, que a su juicio debería haber decaído tras ser rechazada por una mayoría absoluta en el pleno de la Cámara Baja. Desde el PP, han registrado un escrito dirigido a Francina Armengol pidiendo que renuncie a tramitar esta norma por las “consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional” que provocaría.

Obvia en el mismo que en el pleno referido se aprobó el dictamen por mayoría absoluta, lo que permite que el texto vuelva a la Comisión de Justicia y evita que decaiga definitivamente. Y Vox se ha sumado a esta estrategia para tumbar la ley de amnistía, registrando también un escrito, al que ha accedido Infobae España, solicitando la nulidad del acuerdo para devolver la amnistía a la Comisión de Justicia, aludiendo a la misma argumentación que los de Miguel Tellado.

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Tanto el PP como Vox se amparan en el artículo 79.1 del Reglamento, que señala que para que los “acuerdos” sean válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente, en este caso, al pleno del Congreso. El artículo señala que esto se aplicará sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución, las leyes orgánicas o este reglamento. Por ello, ambos partidos concluyen que la votación final de la proposición de ley en el pleno no fue válida al no haberse aprobado por mayoría simple, por lo que no podría aplicarse el artículo 131.2 del Reglamento que es el que devolvería la proposición de ley a la Comisión de Justicia.

Voces cercanas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, señalan que esta última petición del PP es una “interpretación francamente sorprendente”, ya que parte de un criterio que “no está expuesto en la letra de la normativa”. Además, “va en contra de lo que sería un mandato del Pleno, que siempre es soberano”, en relación con la votación del dictamen, que salió adelante con mayoría absoluta.

Por ende, aunque la Mesa del Congreso discutirá el escrito del PP en su reunión del próximo martes, auguran que no pasará el filtro de los letrados de la Cámara Baja. “Es descabellado”, apuntalan estas voces.

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