El Congreso es solo el principio: el PP prepara la batalla de la amnistía en el Senado y este es su plan

Para aprobar la ley de amnistía, son necesarios una serie de pasos parlamentarios. Los primeros ya se están dando en el Congreso de los Diputados, con su paso exprés por la Comisión de Justicia y por el pleno. Cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente en la Cámara Baja con 176 votos a favor, para lo que se necesita también los de Junts, la norma pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, con la que darán paso a su estrategia de dilatación de los tiempos de tramitación.

En primer lugar, les corresponde elegir en qué Comisión se tramitará la norma (si en la de Justicia, como en el Congreso, o en la Constitucional) para, a continuación, ir retrasando su tramitación hasta el máximo de los dos meses a través de enmiendas parciales y vetos. Su objetivo es que vayan compareciendo asociaciones, juristas o expertos durante el tiempo que dure esta tramitación, hasta que se voten los vetos y las enmiendas en el pleno del Senado.

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El PP, que no puede paralizar la ley pese a su mayoría absoluta en el Senado, busca tiempo para que distintos organismos, juristas o fiscales se pronuncien sobre la amnistía. Fuentes de la formación esperan que el informe de la letrada mayor de la Cámara Alta sobre la amnistía llegue en las próximas dos semanas, y que el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aterrice a mediados de febrero, en torno a la tercera semana. Ninguno de los dos son vinculantes, como tampoco lo sería el del Consejo Fiscal, que finalmente no llegará, tal y como ha avanzado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, alegando que no hay obligación para hacerlo al no tratarse de un proyecto de ley, sino de una proposición.

Además, los de Feijóo centran sus expectativas en un informe más, el de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. Este informe tampoco sería vinculante, ni se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero fuentes populares creen que sus conclusiones sobre la medida de gracia podrían influir en lo que acabe diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sí que tiene potestad para paralizar la ley de amnistía.

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Pese a las peticiones de Vox de no admitir a trámite la ley de amnistía en el Senado, este es un movimiento que no puede hacer el PP. Con todo, aunque tuviera capacidad de hacerlo, tampoco le resultaría rentable políticamente, ya que la ley de amnistía se acabaría aprobando directamente sin debate en el pleno del Congreso, ni los plazos previos en el Senado que pretende el PP.

Los populares utilizarán todos los recursos legales a su alcance para denunciar en el Senado lo que ellos consideran un “acto de corrupción política”. Por ello, desplegarán todo tipo de iniciativas en la Cámara Alta, incorporarán los informes oportunos y llamarán al Senado a las personas que, según el PP, Sánchez y sus socios han querido silenciar en el Congreso.

Al final de todo ese proceso en el Senado, la proposición de ley volvería al Congreso, que a su vez tendría que ratificar o enmendar los retoques realizados en el Senado. En este sentido, fuentes populares esgrimen que la Cámara Alta devolvería el texto no solo con el veto o las enmiendas, sino con una serie de informes a sus espaldas y un debate previo en el Senado, que aún se tendría que producir en el Congreso. De esta forma, la aprobación definitiva de la norma no se espera hasta ya entrada la primavera.