Pese a que el nivel de ocupados alcanzó el récord de 20,84 millones en diciembre del pasado año y el paro se redujo a niveles de 2007 -cayendo hasta los 2,7 millones- los despidos colectivos han perpetuado su tendencia al alza en 2023. Así, ni el buen comportamiento del mercado laboral ni el endurecimiento de los recortes de empleo ejecutados por el Gobierno han conseguido frenar esta problemática, que afecta a 4.500 trabajadores más que en los once meses de 2022. De esta forma, en España, 32.327 trabajadores se han visto afectados por un despido colectivo.
Según la Estadística de Regulación de Empleo publicada este miércoles por el Ministerio de Trabajo, en el mes de noviembre -último dato disponible- 3.204 trabajadores se fueron a la calle, casi mil más que en el undécimo mes de 2022. Por sectores, se registraron 1.273 trabajadores más afectados por despidos colectivos en servicios, hasta alcanzar los 2.420, el sector con mayor número de afectados en cifras absolutas. Sin embargo, en términos relativos, agrario multiplicó casi por siete el número de trabajadores afectados por despido colectivo, hasta los 172.
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Con la última cifra proporcionada por el organismo encabezado por Yolanda Díaz, los españoles afectados por un despido colectivo ascienden a más de 32.300, de los cuales, 14.250 fueron entre los meses de julio y noviembre. Concretamente en ese periodo, en los meses de julio y septiembre se produjeron los expedientes que afectaron a más trabajadores. En el séptimo mes del año, 4.778 personas se fueron a la calle, 2.000 más que en el mismo mes de 2022, mientras que en septiembre, lo hicieron 2.180 ocupados, 1.100 más que el igual periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta el cómputo total, entre los meses de julio y noviembre aumentaron en 4.450 los españoles afectados por despidos colectivos.
Pero, ¿por qué tomar como referencia el mes de julio? Ante el crecimiento de esta tendencia, el Gobierno colaba vía real decreto-ley la regulación de los despidos colectivos. La nueva normativa estipula que las empresas que planeen cerrar uno o varios centros de trabajo tienen la obligación, si eso implica el despido de 50 o más trabajadores, de notificarlo a la Dirección General de Trabajo -que depende del Ministerio de Yolanda Díaz- y a los sindicatos más representativos de la empresa con seis meses de antelación.
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Hasta la fecha, cuando tomaban esta decisión, las compañías se lo notifican simultáneamente a los trabajadores y a los sindicatos y, pasadas una o dos semanas, se abría un periodo de consultas que podía durar hasta 30 días. Al tener que avisar a la Dirección ahora con medio año de anticipación, los sindicatos disponen de mucho más tiempo para prepararse y se resta flexibilidad a las compañías, que deberán adelantarse muchos meses a sus posibles dificultades.
Suspensiones de contrato y reducciones de jornada
Los trabajadores que han perdido su puesto en la primera mitad del año por despidos colectivos no son los únicos expulsados del mercado laboral, ya que también se han producido otros procesos de regulación, como suspensiones de contrato y reducciones de jornada. Sin embargo, al contrario que los despidos, ambas modalidades han virado a la baja en el undécimo mes del año.
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Así, el número de trabajadores afectados por suspensiones de contrato cayó en el undécimo mes del año un 48,8% en tasa interanual, hasta los 6.292 empleados, con una tendencia decreciente en todos los sectores: el mayor descenso se registró en construcción -con una caída del 93%-, hasta los 28 trabajadores afectado, seguido por el agrario (-57%), industria (-54,3%) y servicios (-19,3%), afectando a 65, 4.281 y 1.918 trabajadores afectados, respectivamente.
Por su parte, los afectados por una reducción de jornada disminuyeron también un 53%, hasta un total de 572, repitiendo el comportamiento a la baja en todos los sectores. En concreto, el número de trabajadores afectados en industria fue de 360 (-58,1%), en servicios 208 (-32,7%), en construcción 4 (-88,6%) y en agrario no hubo trabajadores afectados.
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