El informe de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía está fechado a 10 de enero, sin embargo, se conoció este martes por la tarde. Para el Partido Popular, en ello hay una clara intencionalidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ocultar su contenido durante casi siete días, con el objeto de que se terminase el plazo de enmiendas antes de obtener esa información, y que los grupos no pudiesen valerse de ella. Fuentes de la Dirección Nacional del partido así lo exponen, alegando que se trata de una estratagema dentro de la “factoría de Francina Armengol”.
En este segundo informe de los letrados del Congreso sobre la ley de amnistía, se profundiza en las dudas sobre la constitucionalidad que ya vio el primer informe emitido por el equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, pero no tan “palmarias” como para vetar su tramitación.
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Y es que las letradas de la Comisión de Justicia, que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del PP, ahora inciden en esas dudas, y plantean que la proposición de ley adolece de “falta de determinación” en el ámbito de su aplicación, “tanto en cuanto a los delitos amnistiados como en el plazo en el que se cometieron”. Recuerdan que esto no se corresponde con el “carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la Ley”.
Por ello, el PP estudiará con “profundidad” este informe y las posibilidades que hay en él para frenar la ley de amnistía. A bote pronto, les resulta sospechoso que el texto llegase a manos de Armengol el 10 de enero, pero no se conociese hasta casi siete días después, cuando se distribuyó en el Congreso, una vez terminó el plazo de enmiendas. Fuentes del partido de Feijóo señalan que estos informes técnicos permiten conocer la opinión de los letrados cuando los miembros de una comisión tienen que elaborar enmiendas, por lo que, si se conociese antes de que se presentasen las mismas, deberían dar lugar a correcciones. Lo que no es comprensible para el PP es que el informe se conozca cuando ya ha acabado el plazo de enmiendas, no dando lugar a presentarlas amparadas por las consideraciones del informe.
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De hecho, desde la cúpula popular creen que esta contradicción entre letrados no debería salir impune, y Armengol tendría que aclarar la posición jurídica antes de que los letrados del Senado se pronuncien. Si todos asumen las conclusiones del último informe, en el que se duda la constitucionalidad de la amnistía, el secretario general y letrado mayor, Fernando Galindo, debería plantearse la continuidad en su puesto. Eso sostiene el Partido Popular.
Beneficiar a los Pujol
También hacen una lectura de las enmiendas de Junts a la ley de amnistía que la amplía hasta noviembre de 2011, es decir, dos meses. Según el PP, esto se debe a que los postconvergentes quieren que los beneficios de la ley beneficien a Jordi Pujol por la presunta ocultación de su fortuna en Andorra, cuyas diligencias arrancaron en 2012. Y es que años después se abrió juicio oral contra el expresident catalán y sus hijos por siete delitos contra la Hacienda Pública y también por blanqueo.
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