
2023 ha sido el año más mortífero para los migrantes que tratan de alcanzar las costas españolas en busca de mejores oportunidades, pues un total de 6.618 personas han fallecido en el trayecto, una media de 18 cada día, tal y como consta en la nueva edición del informe Monitoreo Derecho a la Vida del colectivo Caminando Fronteras, que recopila estos datos desde 2007. Esa cifra supone casi el triple de la registrada en 2022, cuando murieron 2.390 migrantes.
Entre las personas que perdieron la vida en las rutas de acceso a España el año pasado había 363 mujeres y 384 niños y niñas. Del total de fallecidos, la gran mayoría, 6.007, murió en la ruta atlántica hasta Canarias, tras el aumento de salidas de cayucos procedentes de países como Mauritania, Gambia y Senegal, sobre todo a partir del mes de junio, y fundamentalmente desde ese último país debido a la gran inestabilidad social y política que atraviesa. Otras 434 personas perdieron la vida en la ruta argelina del Mediterráneo occidental, 147 migrantes fallecieron en el Estrecho de Gibraltar y otras 30 personas en la ruta de Alborán.
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Entre las causas del aumento de muertes, según denuncia Caminando Fronteras, se encuentra “la priorización del control de fronteras por encima del deber de socorro, la no activación de los medios de búsqueda y rescate con la urgencia necesaria, la práctica cada vez más habitual de las búsquedas pasivas, el impacto de la externalización de fronteras con terceros países o la reducción de medios destinados a la protección de la vida”.
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La coordinadora y autora del informe, la activista Helena Maleno, ha denunciado que en las fronteras del Estado español “se ha establecido la omisión del deber de socorro como una práctica de control migratorio” y advierte de que los acuerdos con los países de origen como Marruecos están basados en la externalización de fronteras, lo que lleva a España a “presionar” para que los rescates sean efectuados por estos otros Estados, incluso cuando no tienen medios suficientes.
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La activista considera que España no dedica todos los recursos de los que dispone y, si los aplicara, asegura, “la masacre se reduciría de forma importante”.
Según los datos del Ministerio del Interior, a lo largo del 2023 un total de 56.852 personas llegaron a España de forma irregular por vía marítima y terrestre, 25.633 más que en 2022, lo que supone un aumento del 82% de las llegadas. La mayoría, 39.910, llegaron a Canarias por vía marítima. Se trata del segundo registro más alto de la serie histórica, solo superado por el de 2018, cuando entraron al país 64.298 personas.
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84 embarcaciones desaparecen
Caminando Fronteras también ha contabilizado en su informe 84 embarcaciones que desaparecieron con todas las personas a bordo a lo largo del año pasado. Los meses de octubre (2.370), junio (1.197) y noviembre (1.023) concentran la mayoría de las víctimas.

Entre los fallecidos hay personas originarias de 17 países: Argelia, Bangladesh, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Conakry, Islas Comores, Mali, Marruecos, Mauritania, Palestina, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.
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