El pacto migratorio de la UE divide al Gobierno de coalición: “Se abre a la agenda de la extrema derecha”

El polémico pacto alcanzado por la UE tras ocho años de negociaciones ha sido muy criticado también por las organizaciones humanitarias por “dejar de lado los derechos de los migrantes”

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 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra / Europa Press)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra / Europa Press)

La política migratoria nunca es fácil de negociar. Menos aún cuando se trata de alcanzar una estrategia común en Europa. Pero este miércoles, tras ocho años de intensas negociaciones, el Parlamento Europeo y los Estados miembros firmaron finalmente el Pacto de Migración y Asilo, que supone un control más severo de las llegadas de migrantes y el endurecimiento de los requisitos de acogida, además de incluir un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los Estados bajo presión migratoria.

Las autoridades europeas lo han definido como un “acuerdo histórico” que pone fin a años de tensiones entre los países del bloque desde que en 2015 estalló la crisis de los refugiados por la guerra en Siria, una valoración compartida también por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha destacado que el pacto es fundamental para el país y que va a permitir “mejorar la gestión” de las fronteras. También ha sido defendido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aunque ha indicado que no es el acuerdo que más le gusta, se trata de un pacto “razonable y eficaz” que lanza un aviso a las mafias.

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El pacto “se abre a la agenda de la extrema derecha”

Desde Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, no comparten esa postura, de forma que el pacto migratorio de la UE se ha convertido en el segundo choque entre el Gobierno desde que echó a andar hace un mes. Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha asegurado que supone un “paso atrás sin precedentes” que retrocede a una Europa fortaleza y que “abre las manos a la agenda de la extrema derecha en Europa”. ”Hay pactos que a veces es mejor no suscribir”, ha dicho Díaz en una entrevista en la Cadena Ser, al tiempo que ha lamentado que se restrinja la ley del derecho de asilo y empeore la situación de las personas migrantes.

Foto: Europa Press
Foto: Europa Press

Díaz también ha recordado que el mantenimiento del actual modelo social de Europa solo es posible con la llegada de población migrante. “Este no es el futuro de Europa, es la Europa fortaleza, es la Europa del pasado, es la Europa de la no ilustración, es la Europa que nosotros no queremos”.

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Respecto a las devoluciones en caliente, aquellas que se llevan a cabo sin procedimiento de identificación y sin incoar procedimiento de expulsión, la vicepresidenta ha indicado que desde Sumar no las comparten y ha reconocido que tienen “muchas discrepancias” con el PSOE en materia de migración: “Los derechos humanos no son relativizables en ninguna parte del mundo”, ha indicado. ”Creo que no ha avanzado la democracia, sino que han avanzado las tesis de los que consideran que la solidaridad, que no es matizable, puede incorporar requisitos como es el precio, algo inaudito”, ha agregado la vicepresidenta, haciendo referencia al mecanismo de ‘solidaridad a la carta’ que incluye el pacto y que permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

El objetivo de ese mecanismo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.

El nuevo pacto migratorio, muy criticado también por las organizaciones humanitarias que consideran que “aumentará el sufrimiento de los migrantes y refugiados”, supondrá un control más estricto a las personas que lleguen a las fronteras externas -en cuanto a la identificación, controles sanitarios y de seguridad- durante un máximo de siete días. Las personas migrantes serán trasladadas después a centros de detención, incluyendo los menores de edad, y las personas que no reúnan las condiciones de asilo, serán expulsadas de forma más rápida y podrían ser deportadas a países no seguros.

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