Un guardia civil de paisano ayudó a huir a una alcaldesa de Cantabria que provocó un accidente en la carretera: el Supremo descarta ahora anular la sanción

El Tribunal Supremo ha descartado anular la sanción de seis meses de suspensión de empleo impuesta a un sargento primero de la Guardia Civil que se llevó a la alcaldesa de Santa María de Cayón (Cantabria), María del Pilar del Río, del lugar de un accidente de tráfico que ella misma provocó para evitar que fuese multada.

Eran las 21:30 horas del 6 de noviembre de 2021 cuando se produjo el accidente. Ese día, en el punto kilométrico 2,00 de la carretera cántabra CA-142, un Toyota Yaris, conducido por la alcaldesa de Santa María de Cayón, María del Pilar del Río Ruiz de Prada, alcanzó por detrás a un Seat Ibiza en el que viajaban dos ocupantes.

Unos minutos después, apareció en el lugar del accidente el sargento Juan Antonio F. D. vestido de paisano y en su vehículo particular, que se identificó como “el sargento de Astillero”, tomó fotografías de la documentación de uno de los ocupantes del Seat Ibiza y del vehículo y dio su teléfono al afectado para formalizar el parte por el accidente, según recoge Defensa en su resolución y el Supremo da por probado.

Momentos después, llegaron otros dos guardias civiles, que habían sido requeridos por una llamada de los ocupantes del Seat Ibiza al Servicio de Emergencias 1-1-2, y el sargento les dijo que estaba todo arreglado, que se trataba de un pequeño golpe y que habían quedado para arreglar el parte.

En un momento dado, cuando los dos guardias civiles terminaron de hablar con los ocupantes del Seat Ibiza, se dieron cuenta de que tanto el Toyota como su conductora y el sargento habían abandonado “subrepticiamente y sin avisar” la escena del accidente, por lo que no pudieron identificar a la mujer ni hacerle las habituales pruebas de detección de alcohol y drogas. Después de no responder a varias llamadas de teléfono, un teniente de la Guardia Civil consiguió localizar al sargento, que reconoció que había estado en el lugar del siniestro y que “se había llevado a la responsable del mismo por tratarse de un cargo público”.

Cuando el teniente le afeó este comportamiento por haber “frustrado la práctica de diligencias importantes”, el sargento dijo entenderlo, pero insistió en que “tenía que sacar de ahí a la alcaldesa”.

Días después, la regidora prestó declaración y explicó que, tras el accidente, se puso “muy nerviosa” y llamó a una amiga suya, que acudió al lugar junto a su marido, el sargento, y les pidió que la llevaran a casa, por lo que el guardia civil cogió su coche y la trasladó a su domicilio, después de avisar a los otros afectados que se iban y que harían el parte amistoso al día siguiente.

Ante estos hechos, el Tribunal Supremo ha señalado en su sentencia que comparte el criterio del Ministerio de Defensa de que el sargento no solo hizo “un mal uso” y “abusó” de sus atribuciones, sino que “además, no cabe duda alguna de que con su comportamiento ocasionó un grave daño a la administración representada por el Cuerpo de la Guardia Civil”.

Defensa ya rebajó al sargento la sanción de un año que inicialmente había impuesto la Dirección de la Guardia Civil hasta los seis meses y el afectado interpuso otro recurso, esta vez ante el Supremo, para que dejase sin efecto la medida.

El Alto Tribunal ha rechazado esta demanda porque, a su juicio, la sanción acordada está “debidamente motivada e individualizada” y recuerda, además, que está impuesta “prácticamente en su mínima extensión”, ya que las penas previstas para las faltas consideradas muy graves, como esta, abarcan desde los tres meses y un día hasta los tres años.

Con información de EFE y Europa Press