La Comisión Europea ha publicado este miércoles sus recomendaciones financieras para cada uno de los estados miembros y su mensaje principal a España es que mantenga el aumento del gasto público primario neto por debajo del 2,6% en 2024. Ese objetivo parece alcanzable, ya que la propia Bruselas consideró en sus previsiones macroeconómicas de primavera que el gasto primario neto se elevará un 1,4% en nuestro país el próximo año si no hay cambios en el escenario presupuestario.
Tras analizar el programa de reformas español y su programa de estabilidad, entregado por el Ejecutivo el pasado 28 de abril de 2023, la comisión considera que ese límite de gasto público es necesario para reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, lo cual requiere una rebaja del déficit estructural “de al menos el 0,7% del PIB para 2024″.
Bruselas prevé que el déficit público de España se reduzca hasta el 3,3% del PIB en 2024, tres décimas más de las que estima el Gobierno, pero considera que ambas proyecciones están “en línea”. La propuesta de regulación de las nuevas reglas fiscales emitida por el Ejecutivo comunitario el pasado 26 de abril plantea ese objetivo para 2024 y los países que lo incumplan podrían exponerse a una apertura de los protocolos de déficit excesivo, que conllevarían multas, aunque históricamente nunca se han impuesto.
En cuanto a la deuda, la Comisión Europea coincide con las previsiones del Gobierno y espera una rebaja sobre el PIB de hasta el 109,1% en 2024. Ante este análisis, el Ministerio de Asuntos Económicos celebra que la comisión “confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024″.
La Comisión limita su análisis fiscal al año 2024, sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve problemas a largo plazo para que España cumpla con una senda continua de reducción de la deuda pública en ausencia de medidas adicionales. El organismo presidido por Cristina Herrero estima que el el próximo Gobierno que salga de las urnas tendrá que realizar un ajuste fiscal de hasta 30.640 millones de euros entre 2024 y 2027. Bruselas no contempla por el momento escenarios a tan largo plazo ni lanza ninguna advertencia en este sentido.
Combinar la consolidación fiscal con la inversión
Otra de las principales recomendaciones que la comisión hace a España es preservar la inversión pública y “garantizar la absorción efectiva” de los fondos del plan de recuperación y otros fondos europeos, en particular en lo referente a la transición verde y digital. De esta manera, Bruselas quiere que España combine una consolidación fiscal a medio plazo con inversiones y reformas que hagan posible un mayor crecimiento de la economía.
No obstante, si apremia a España a que suprima las medidas de apoyo por la crisis energética antes de finalizar 2023 y que ese ahorro en el gasto se utilice para reducir el déficit público. Expone además que, en caso de un nuevo aumento de los precios de la energía, las medidas de apoyo deberían focalizarse en hogares y empresas vulnerables. Esto es algo que no sucede actualmente con alguna de las medidas, como la rebaja del IVA a los alimentos, aunque finaliza el próximo 30 de junio.
En último lugar, Bruselas resalta la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las energías renovables “incluyendo una mayor racionalización y digitalización de los procedimientos de concesión de permisos”.
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