La Comisión Europea ha publicado este martes su opinión sobre los planes presupuestarios de los estados miembros para 2024 y el veredicto sobre España es que cumplirá el límite de crecimiento gasto público recomendado por el Ejecutivo comunitario en abril (2,6%), pero rebasará en dos décimas el objetivo del 3% del déficit. No obstante, estos cálculos se han realizado con un plan presupuestario a políticas constantes debido a la interinidad del Gobierno durante los meses que se tenían que haber realizado los nuevos presupuestos, lo cual implica el fin de las medidas contra la inflación en el ámbito energético y alimentario.
Bruselas avisa en el documento que el plan presupuestario del “gobierno saliente” contemplaba los impactos sobre los ingresos y los gastos sin cambios en políticas respecto al presupuesto de 2023, por lo tanto, no es un plan realista del presupuesto que haga el nuevo Gobierno. “Las cifras mostradas para el saldo público de 2024 y otras variables presupuestarias no constituyen objetivos presupuestarios efectivos”, reconoce la Comisión. En esta línea, “se invita a España” a presentar a la Comisión y al Eurogrupo “un proyecto de plan presupuestario actualizado tan pronto como tome posesión el nuevo Gobierno”. Pedro Sánchez ya anunció en el debate de investidura que extenderá la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024, aunque también reducirá la subvención al transporte público a jóvenes y desempleados.
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En concreto, la Comisión estima que el crecimiento del gasto primario neto se situará en el 2,1% en 2024 con las políticas vigentes en la actualidad, lo que supone un margen fiscal de cinco décimas que Bruselas pide destinar a reducir el déficit estructural. Magnitud que, según sus previsiones de otoño publicadas la semana pasada, ascenderá al 3,2% en 2024, dos décimas por encima de lo que requieren las reglas fiscales. También continuará elevada la deuda pública, en el 106,5% para el próximo año, un dato muy por encima de la referencia del 60% del PIB. El Ejecutivo comunitario considera que estas ratios suponen un “riesgo” para la economía española, según recoge EFE, pese a reconocer que tanto la deuda como el déficit han caído en los últimos años gracias al crecimiento económico y la mejora del sector exterior.
13 países apuran las recomendaciones de límite de gasto
Más allá de España, cuyo plan sí está “en consonancia” con las recomendaciones de crecimiento del gasto público, hay hasta 13 países cuyos planes presupuestarios “no se ajustan plenamente” o, directamente, “corren el riesgo de no estar en consonancia” con dicho límite. Los que se encuentran en este segundo grupo con más riesgo son Bélgica, Finlandia, Francia y Croacia.
En cuanto a las medidas antiinfalción, Bruselas incide en retirar sobre todo las destinadas a bajadas de impuestos en el ámbito energético y las ayudas directas a transportistas y al gas natural de los hogares dada la normalización de los precios energéticos. De hecho, el fin de estas medidas será el principal motivo que permitiría bajar el déficit del entorno del 3,9%-4,1% en 2023, según las previsiones del Gobierno y de la Comisión, respectivamente, al entorno del 3%-3,2% el próximo año.
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Además, el documento recuerda que, en caso de que hubiera nuevos aumentos de precios de la energía y fueran necesarias nuevas medidas de apoyo, España debería garantizar que estas se dirigieran solo a “proteger hogares y empresas vulnerables”, además de ser “fiscalmente asequibles” y de “preservar los incentivos al ahorro energético”. Otro recordatorio es una petición ya efectuada en abril para que España entregue a la Comisión proyecciones presupuestarias a medio plazo para elaborar una estrategia de consolidación fiscal y crecimiento sostenible con más visión, algo que siguen sin incluir los documentos presentados en octubre del Plan Presupuestario de 2024.
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