
Un abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Curro Nicolau, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo que ante la inacción de la Comisión Europea anule de forma cautelar la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE este lunes en el Congreso de los Diputados.
En el documento, al que Europa Press ha tenido acceso, se indica que la ley de amnistía “inequívocamente” viola los principios fundamentales del Derecho Comunitario y constituye una clara transgresión del Estado de Derecho y de la separación de poderes, ejerciendo una influencia directa sobre el Poder Judicial.
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Se subraya que la propuesta de ley se está debatiendo en el marco de acuerdos políticos destinados a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España. En consecuencia, se ha anunciado públicamente a través de diversos medios de comunicación desde principios de septiembre de 2023, presentándola como una medida para asegurar la mayoría parlamentaria.
Por tanto, argumenta que la Comisión Europea está plenamente al tanto de las intenciones de llevar a cabo el proceso legislativo de la mencionada ley y ha tenido conocimiento del texto en trámite, el cual viola en gran medida los valores fundamentales del Derecho de la Unión Europea.
Los jueces se revelan ante la separación de poderes
En vista de la falta de acción por parte de la Comisión Europea para “prevenir el incumplimiento del Derecho Comunitario por parte de un Estado miembro, en este caso España y específicamente su Congreso de los Diputados”, se presenta un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar la promulgación de una ley que atenta contra los derechos y principios comunitarios.

“Se levantarán las mencionadas medidas cautelares”
Reitera la denuncia expresada este martes al afirmar que en la redacción de la ley resulta “evidente” la transgresión del principio comunitario de la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, tal como se establece en el artículo 2 del Tribunal de la Unión Europea (TUE) relativo al Estado de Derecho.
En particular, destaca el artículo 4.4 de la ley que establece que su entrada en vigor “conllevará la inmediata revocación de las medidas cautelares adoptadas con respecto a acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía”.
Además, subraya que la propuesta legislativa establece que esto implicará “la conclusión de la ejecución de las penas impuestas por esas acciones u omisiones amnistiadas”, y enfatiza que “en todo caso, se levantarán las mencionadas medidas cautelares incluso en caso de presentarse un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra esta ley o alguna de sus disposiciones”.
Caso de Polonia
El abogado menciona en su escrito a un precedente que “también vulneraba la independencia judicial” en Polonia al introducirse medidas por parte de su Gobierno que derivaron en que el TJUE suspendiera de manera cautelar la reforma legislativa pretendida.
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La modificación del sistema judicial polaco en diciembre de 2019, aprobada por el Gobierno liderado por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha sido declarada como una violación del derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El TJUE confirmó su evaluación sobre la ley polaca relativa al poder judicial de diciembre de 2019, concluyendo que “esta ley infringe los principios fundamentales del orden jurídico de la UE”. En respuesta a esta decisión, el comisario de justicia, Didier Reynders, expresó su satisfacción, señalando: “Ahora esperamos que Polonia cumpla plenamente con la sentencia”.
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