La madrugada del 21 de marzo de 2021, la Policía Nacional acudió a la calle Lagasca, una de las zonas más exclusivas del centro de Madrid, ante el aviso de un vecino por el ruido de una fiesta en un piso. Había restricciones por la pandemia de covid, entre ellas la prohibición de reuniones de personas no convivientes en lugares privados. Los agentes desplazados acabaron tirando la puerta abajo con un ariete y ahora, más de dos años y medio después, se sientan en el banquillo acusados de allanamiento de morada.
Los jóvenes que se encontraban en el interior del piso grabaron un vídeo de los hechos que se hizo viral por la intervención de una de las presentes, que aseguraba ser abogada y conocer la legislación: “Se les va a caer el pelo, no saben con quién se han metido”. Tanto esa grabación como la realizada por los agentes en primera persona figuran en la causa y serán analizadas durante el juicio.
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La vista oral se celebra a partir de este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid por la vía del tribunal del jurado. Serán nueve ciudadanos seleccionados al azar quienes, a lo largo del juicio, valorarán si la intervención de los seis agentes –el subinspector al mando del operativo y sus cinco subordinados– fue reprochable penalmente.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los funcionarios solicitan su libre absolución. En concreto, el ministerio público atribuye un delito de allanamiento de morada a los cinco subordinados, aunque pide que no se les condene al entender que actuaron en el cumplimiento de un deber. También pide la absolución del jefe del operativo porque, según el escrito fiscal, dio las órdenes bajo la creencia de que la intervención era legal.
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El morador pide cuatro años de cárcel para los policías
Estos argumentos serán rebatidos en Sala por el abogado del morador del piso, Juan Gonzalo Ospina, quien pide para los acusados una condena de cuatro años de cárcel y casi 7.000 euros de indemnización por los daños ocasionados en el piso al derribar la puerta con un ariete, así como por los supuestos daños morales al propietario de la vivienda.
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que ante la negativa de los asistentes a la fiesta a abrir la puerta, el jefe del operativo entendió que “se encontraban cometiendo un delito flagrante de desobediencia a la autoridad” y que eso le autorizaba para acceder al inmueble haciendo uso de la fuerza, pese a que una de las jóvenes le insistió en que era necesaria una autorización judicial.
Otra ‘patada en la puerta’ similar, esta en la calle Velázquez de la capital en el mismo mes, fue finalmente archivada el pasado julio después de que lo solicitase la Fiscalía, que en ese caso era la única acusación.
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