Las agencias de detectives descienden un 28%: “Esto es vocacional y la profesión es muy inestable”

El último trabajo de Alberto T., detective privado, es comprobar si una chica es realmente hija de su padre. “Él tiene dudas de su paternidad, después de muchos años. La clave es conseguir un resto de ADN de ella”, señala. “No es de los encargos más complicados”. Alberto es uno de los 5.159 profesionales habilitados que hay en España para ejercer este trabajo (según datos de octubre de 2023), un 35% más que los que había en 2018. Pero no son datos que sirven para ver realmente cómo está el oficio.

Porque aunque hay más habilitados que nunca, los despachos de detectives (las agencias) han descendido un 28% desde entonces, pasando de 1.403 en 2018 a 1.095 en octubre de este año. “Que haya más de 5.000 habilitados no quiere decir que todos estén trabajando. Ni mucho menos. La gran mayoría de los despachos están gestionados por un solo detective, que cuando tiene mucha carga de trabajo subcontrata a otros compañeros. Los grandes despachos se pueden contar con los dedos de la mano”, señala Francis Cáceres, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE).

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Cáceres reconoce que el sector no pasa por su mejor momento. “Esto es muy vocacional. Y siempre hemos vivido altibajos, el último con la pandemia del coronavirus. El que puede, y le gusta, aguanta. Esto es muy inestable”, señala. Los exigentes controles que se siguen en esta profesión, regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, también hacen que muchos se lo piensen antes de abrir un despacho y ponerse a trabajar. Porque ser detective no es especialmente complicado. Solo se requiere un título universitario de grado (tres años) en el ámbito de la investigación privada; o un curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior.

“Por eso cada vez hay más habilitados. Muchos abogados, policías, criminólogos se sacan la TIP, la Tarjeta de Identificación Profesional. Pero otra cosa es que ejerzan”, señala Cáceres, que según los datos que maneja su asociación el porcentaje de mujeres es del 26%. “A la mujer se nos da bien ser detective. Generamos más confianza y somos mejores a la hora de obtener información. Mira, esa señora que está sentado a nuestro lado podría ser una detective”, explica Cáceres a este periodista, señalando a una mujer mayor, de pelo gris y corto, con gafas, sentada en la mesa de al lado de la cafetería donde se celebra nuestra cita. No sabemos si nos toma el pelo o dice la verdad.

Y es que lejos de presentarse como tipos solitarios, excéntricos, con buenos contactos en los bajos fondos, vestidos con gabardina al estilo Colombo, los estereotipos típicos ya no conectan con la profesión. No son espías ni investigan casos truculentos como crímenes. De hecho, los detectives privados no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, tampoco pueden indagar sobre la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios, ni pueden usar medios técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal, la propia imagen o la protección de datos. No pueden hacerse, por ejemplo, con datos bancarios, de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Si vulneran la ley se enfrentan a multas que pueden llegar a los 600.000 euros o perder la licencia (el TIP) para poder ejercer.

Pocas infidelidades, mucho fraude laboral

¿A qué se dedican actualmente? Los encargos van cambiando según evoluciona la sociedad. Siguen teniendo trabajos de índole familiar: infidelidades (”no representan ni el 10% de los casos”), búsqueda de personas desaparecidas, localización de una herencia o incumplimientos relacionados con divorcios; y muchos casos relacionados con la esfera empresarial: absentismo laboral y fraudes en las bajas, competencia desleal, robos de material por parte de los empleados, intrusismo... “Hace poco me contrató un dentista que sospechaba que otro protésico dental, que no es un dentista, ofrecía servicios en su clínica que no podía ofrecer”, señala Alberto T.

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Hay muchos detectives que se están especializando en los contratos que sacan las mutuas para perseguir estafas laborales. Por ejemplo, la mutua La Montañesa acaba de adjudicar por 70.200 euros “la prestación del servicio de investigación por medio de detectives privados para investigar determinados supuestos de trabajadores susceptibles de valoración de incapacidad permanente o perceptores de cualquier otra prestación de Seguridad Social”. Y es que este tipo de licitaciones es una buena línea de negocio. Los profesionales vigilan a trabajadores de baja, a parados y a autónomos sin actividad con el fin de verificar que están cumpliendo las condiciones asociadas a las ayudas públicas que están cobrando.

“Pero a veces imponen cláusulas abusivas e irregulares”, señala Francis Cáceres. La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) consiguió hace poco que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, suspendiera la adjudicación licitada por la mutua Fraternidad Muprespa para “contratar el servicio de investigación privada por medio de detectives en 50 provincias”. Un contrato de 1,3 millones de euros. “Solo pagaban si había éxito en las pesquisas y obligaban a unos tiempos mínimos de grabación”. Porque las cámaras de vídeo, también las ocultas, los micrófonos, los prismáticos e incluso las balizas, aunque su uso esté restringido, forman parte del día a día del trabajo de un detective. A muchos les contratan para que hagan barridos en despachos y viviendas por si al cliente les han colocado algún dispositivo de escucha.

Pero, ¿hay trabajo para todos? “En este negocio funciona el boca a boca. Hay que ser muy bueno, tener constancia y ser un buen profesional”. La tarifa por hora suele oscilar entre los 70 y los 75 euros, pero eso es para encargos cortos, de pocos días. Para trabajos concretos que conllevan desplazamientos y un plazo largo y determinado, los detectives ofrecen un precio cerrado. Y, sobre todo, hay que “respetar la ley”. El contrato que se firma entre el despacho de detectives y el cliente tiene que demostrar un interés legítimo, es decir, que este último tenga un interés directo en la investigación y no la encargue por pura curiosidad.

Por ejemplo, si hablamos de una infidelidad en una relación sentimental, hay que tener claro que no se está facilitando información a un implicado en violencia de género. En el caso de una empresa, se puede investigar en la vida personal del empleado solo si es para demostrar una baja ficticia, no para conocer sus hábitos. La APDPE prepara su congreso anual en marzo de 2024 en Valencia para poner en común como está evolucionando la profesión y demandar un estatuto propio dentro de la ley de seguridad privada.