La familia de un estudiante asesinado en la Transición pide reabrir el caso como crimen del franquismo tras localizar al presunto homicida en Argentina

Los hermanos de Arturo Ruiz, un joven estudiante de 19 años asesinado en una manifestación pro amnistía en Madrid (España) en 1977, no pierden la esperanza. El crimen prescribió hace ya más de dos décadas, pero la Ley de Memoria Histórica les abrió la puerta a una posible reapertura del caso como crimen del franquismo. La Audiencia Nacional ya rechazó reanudar la investigación el pasado mes de septiembre, pero la familia Arturo reclama justicia en un nuevo recurso de súplica al que ha tenido acceso Infobae España en un trabajo conjunto con Infobae Argentina.

Se da la circunstancia de que una investigación realizada por el diario El País consiguió localizar en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en Buenos Aires (Argentina), al presunto autor de la muerte de Arturo Ruiz, el ultraderechista José Ignacio Fernández Guaza. En la entrevista, posterior al último pronunciamiento de la Audiencia Nacional, el presunto criminal reconocía haber disparado al estudiante en la citada manifestación, tras lo que huyó del país con la ayuda de “los servicios de inteligencia y autoridades españolas” para refugiarse en países como Paraguay o la propia Argentina, donde también habría contado con el beneplácito de las dictaduras militares de Stroenssner y Videla.

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Estas declaraciones y otras reflejadas en la entrevista obligan a la Audiencia Nacional, a juicio de la familia de Arturo Ruiz, a indagar en este crimen “en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a investigar el franquismo”. Una de las esperanzas de los hermanos del estudiante asesinado es el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que rebatió en el auto de la Sección Primera de la Audiencia Nacional a sus compañeros Francisco Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez, además de a la fiscal.

“Violencia política sistemática” y “supervivencia de la dictadura franquista”

El magistrado disidente subrayó que Fernández Guaza formaba parte de un “grupo criminal armado con conexiones con las Fuerzas de Seguridad del Estado” (Guerrilleros de Cristo Rey), que tenía la “intención de obstaculizar el tránsito” a la democracia y para evitarlo utilizaba el “terror” y la “violencia política sistemática” para la “supervivencia de la dictadura franquista”.

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Tras este posicionamiento y las explícitas declaraciones de Fernández Guaza, la familia de Arturo Ruiz remarca en su recurso que “nos encontramos ante un auténtico y acreditado delito de terrorismo” vinculado a la dictadura franquista. De hecho, el magistrado De Prada también destacó en su voto particular que el único condenado por el crimen del estudiante, Jorge Cesarsky, lo fue por un delito de terrorismo y otro de tráfico de armas.

“Si Fernández Guaza no fue condenado por el asesinato de Arturo Ruiz por delito de terrorismo, fue porque no se le pudo (o no se quiso) detener, al huir horas después del asesinato después de contactar con un miembro del cuartel de la Guardia Civil del País Vasco, encontrándose, desde ese mismo día hasta hoy, en situación de rebeldía procesal”, explican los hermanos de Miguel Ángel y Manuel Ruiz en su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional.